El pasado jueves 10 de
diciembre, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, aprovechó la entrega del
Premio Nacional de Derechos Humanos para informar de que ese mismo día mandaría
la iniciativa de ley de desaparición forzada al congreso. “En el país”, dijo,
“debemos afrontar y superar estos episodios con toda determinación”.
Un día
antes, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas le pedía precisamente –y por segunda vez– que atendiera su petición de proteger a
familiares de desaparecidos en Guerrero, familiares que buscan desde hace meses
a los suyos y que sufren presiones por ello.
En una carta dirigida al
Gobierno mexicano fechada el 9 de diciembre, el Comité explica que “ha
requerido al Estado parte –México es firmante de la Convención Internacional
para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas–
que adopte las medidas cautelares y de protección necesarias” para garantizar
la seguridad de “las personas que han desarrollado actividades para buscar y localizar
a las personas desaparecidas”.
Más adelante el Comité
resalta su “preocupación, tras la recepción de alegaciones según las cuales las
medidas cautelares requeridas (…) todavía no han sido cumplimentadas por el
Estado parte”.
La preocupación del órgano
de Naciones Unidas responde a la falta de respuesta del Gobierno de Peña Nieto.
Ya el pasado 21 de septiembre, el comité se dirigía al Estado mexicano para que
protegiera a un grupo de trece personas, familiares de desaparecidos en el
estado de Guerrero. Ahora, además de un tirón de orejas por incumplir su
mandato, el comité amplía la lista a 39 personas y da de plazo hasta el 28 de
diciembre para su cumplimiento.
El comité resalta su
“preocupación porque las medidas cautelares requeridas (…) todavía no han sido
cumplimentadas por el Estado”
La organización Idheas,
Litigio Estratégico en Derechos Humanos, ha defendido los intereses de los
familiares de desaparecidos en Guerrero junto al Instituto mexicano de derechos
humanos y democracia y el Centro Pro DH. El pasado 20 de noviembre de 2015,
estas organizaciones enviaron una carta al Subsecretario de Derechos Humanos de
la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, solicitándole las medidas de
protección. No han obtenido respuesta.
Si el incumplimiento persiste
este caso podrá ser analizado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Juan Carlos Gutiérrez,
coordinador de Idheas, explica que "los fallos proferidos por los
tribunales internacionales de derechos humanos no deben encontrar obstáculos en
su cumplimiento y no deben tener oposición por parte de las autoridades
encargadas de cumplirlos. Los argumentos de derecho interno –sean estos de la
índole que sean– no deben servir de pretexto para la mora en su
acatamiento".
No es la primera vez que
Naciones Unidas amonesta al Gobierno mexicano por la ligereza con que enfrenta
asuntos relacionados con derechos humanos. En abril, el relator especial sobre
tortura de la ONU, Juan Méndez, presentaba las conclusiones de su informe sobre
la situación en México. "La tortura y los malos tratos en la detención son
generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad", decía. El
Gobierno contestó entonces que Méndez era poco menos que un exagerado.
