El pasado martes 2 de
febrero, un grupo de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil iniciamos
un camino nuevo en la democracia mexicana. Pretendemos reunir 120 mil firmas de mexicanas y mexicanos para proponer al Congreso de la Unión una iniciativa de
la Ley General de Responsabilidad Administrativa; primera iniciativa ciudadana.
Cuando digo iniciamos, en
realidad debía decir culminamos una primera etapa: la redacción y elaboración
de la ley; lo que recién inicia es el proceso de recolección de firmas para
cumplir con todos los requisitos de esta nueva forma de democracia directa que
estamos estrenando en el país.
La Ley General de
Responsabilidad Administrativa es una de las piezas clave del Sistema Nacional
Anticorrupción. La reforma constitucional obliga al Congreso de la Unión a
aprobar al menos dos leyes antes del 27 de mayo de 2016. Una de ellas es, por
supuesto, la iniciativa que hemos presentado frente a los medios de
comunicación y, de esta manera, a la sociedad entera.
La ley presentada tiene
una extensa exposición de motivos (42 cuartillas) y consta de 94 artículos, más
ocho transitorios.
La redacción estuvo a
cargo de tres personas: Josefina Cortés Campos, Max Kaiser Aranda y José Roldán
Xopa. Sin embargo, la preparación de la misma corresponde al trabajo
colaborativo de, al menos, dos decenas de personas y a diversos organismos de
la sociedad civil como son: Transparencia Mexicana, Imco, Centro de Estudios
Espinosa Yglesias, Red por la Rendición de Cuentas, Causa en Común, Mexicanos
contra la Corrupción, la Academia Mexicana de Protección de Datos, la Barra
Mexicana, Colegio de Abogados de México.
También participaron
académicos e instituciones académicas, entre las cuales están el CIDE, el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ITAM, el Tec de
Monterrey. Espero no olvidar a ninguna institución académica ni haber omitido
una sola organización, sé que me arriesgo al mencionarlas por nombre, pero es
importante darle al proyecto la justa dimensión del consenso que está atrás del
trabajo de tantas personas e instituciones.
La ley concibe un nuevo
servidor público; en caso de aprobarse, podría servir de guía para decirle a
todos nuestros servidores públicos cómo deben comportarse. Se establecen claras
obligaciones de los servidores públicos, lo que les debe proporcionar certeza
jurídica a quienes deciden dedicarse al servicio público. Todo servidor público
debe estar claro en lo que se espera que haga, así como lo que no debe hacer.
Con la ley en la mano es más sencillo resistir presiones.
Se definen los diferentes
actos de corrupción que, por tratarse de una ley general, servirán de base para
todas las leyes locales y, por supuesto, la ley federal. Establece las bases de
coordinación de 90 autoridades que deberán tener una misma visión sobre cómo
prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción. Entre autoridades se
busca que haya, al mismo tiempo, claridad en las obligaciones de cada uno, así
como pesos y contrapesos en los procesos de investigación y de sanción para
lograr garantizar a las partes el debido proceso y evitar la discrecionalidad
que ha prohijado la terrible impunidad que tanto daño nos ha hecho.
La corrupción siempre
funciona en redes, y parte de esas redes están fuera del ámbito de cualquier
gobierno (federal, local o municipal); sin empresas y empresarios corruptos
estas redes no funcionarían. Por ello es importante su inclusión en la ley. Por
ello, hay que apreciar en su justa dimensión el acompañamiento del Consejo
Coordinador Empresarial y de la Coparmex en el lanzamiento de esta iniciativa.
Se trata, en fin, de crear
una nueva cultura que incluye la denuncia y las sanciones, que distingue,
necesariamente, lo administrativo de lo penal. Esta iniciativa ciudadana debe
propiciar un diálogo abierto con la sociedad y, sobre todo, con los partidos.
Estoy segura de que lo presentado es perfectible, esperemos que la discusión
parlamentaria sirva para ello. Esperemos que toda modificación que sufra sea
para enriquecerla, para hacerla más funcional e incrementar exigencias.
Esperemos que todos los partidos la hagan suya.
María Marván Laborde
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
