Transparencia
Internacional es una organización de la sociedad civil de alcance global, cuyo principal objetivo es combatir la corrupción y encontrar la manera de
fortalecer gobiernos que se distingan por la integridad. Esta institución se ha
dado a la tarea, desde hace 25 años, de publicar anualmente el Índice de
Percepción de la Corrupción (IPC).
El día de ayer, en Europa,
se dieron a conocer los resultados de la evaluación de 2015. México continúa
reprobado, obtuvo 35 puntos sobre 100, exactamente la misma calificación del
año pasado. Creo que esto debe ser motivo de reflexión, sobre todo porque en
ese periodo se hizo la reforma constitucional del Sistema Nacional
Anticorrupción.
Esta reforma fue, en términos generales, bien aceptada y
reconocida como un primer paso para empezar a acometer, de manera integral, el
problema de la corrupción. Evidentemente, no fue suficiente para convencernos
de que habría mejoría.
El año 2015 estuvo plagado
de grandes escándalos de corrupción reportados en la prensa nacional que, sin
lugar a dudas, influyeron para mantener la percepción tan pesimista de lo que
está pasando en el país. Las acusaciones en contra de exgobernadores
trascienden los colores de los partidos: Aguascalientes, Coahuila, Guerrero,
Nuevo León, Sonora, Tabasco y Veracruz, por sólo mencionar los casos más
graves. Como vemos, algunos son priistas, otros, panistas, y también hay
perredistas. Las acusaciones en contra de las constructoras nos hacen pensar
que, en donde hay obra pública, hay corrupción, lo mismo en las compañías
mexicanas, como la de Hinojosa con las casas de Videgaray y Angélica Rivera de
Peña, que con compañías extranjeras, como la española OHL.
Los índices sirven para
hacer comparaciones y, por ello, es importante poner en contexto la situación
de México con respecto a muchos otros países. Los datos, una vez más, no son
alentadores. De las 34 economías que integran la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el último lugar, es
decir, es el peor.
Si nos comparamos con
América, de 26 países estamos en el 15º lugar. Canadá ocupa el primer lugar con
81 puntos, le sigue Estados Unidos con 76. La excusa no puede ser que ellos no
fueron colonia española, ya que mejor que México están países como El Salvador,
Cuba, Perú o Colombia. En América sólo cuatro países están por encima de 59
puntos, lo que pudiéramos llamar una calificación aprobatoria. Canadá, Estados
Unidos, Uruguay y Chile, ¡nada más!
De los países que integran
el G20, sólo Argentina y Rusia están peor que nosotros. Sumadas las economías
emergentes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) con México,
Indonesia, Nigeria y Turquía (MINT), otra vez, sólo Rusia y Nigeria están peor
que México.
Llama la atención que
Guatemala y Brasil, que en 2015 dieron muestra de combate a la corrupción,
hayan descendido en la tabla de calificaciones, incluso a pesar de que el
expresidente guatemalteco está en la cárcel y que las acusaciones han tocado
directamente a Dilma Rousseff.
Proponer hipótesis sobre
el significado de los resultados de encuestas de percepción siempre es
aventurado y casi nunca se puede comprobar su veracidad y objetividad. A riesgo
de equivocarme, me gustaría aventurar dos hipótesis. La primera, que México no
mejoró ni empeoró porque el optimismo del Sistema Nacional Anticorrupción fue
contrarrestado por los escándalos ya mencionados. Al menos, pensemos
positivamente, la reforma constitucional sirvió de dique a la caída de México.
La segunda tiene que ver
con Brasil y Guatemala, a pesar de que ha habido consecuencias legales al
castigar “peces gordos”, esto no es suficiente para que la gente perciba
cambios de fondo. Son indispensables los cambios sistémicos.
Estamos frente a la
urgente necesidad de avanzar el marco normativo que demanda la reforma
constitucional. Urge la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y
al menos otra decena. La sociedad civil no puede dejar de presionar y los
legisladores no pueden evadir su responsabilidad histórica. Se pueden consultar
los resultados completos enwww.tm.org.mx/ipc2015
María Marván Laborde
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
