1. Por una parte,
contribuyen a crear el marco en el cual se refrenda el compromiso de la
organización hacia parámetros éticos y el actuar responsable de sus
integrantes.
2. Por otra parte, permiten la planeación estratégica del uso de los recursos
públicos y el análisis detallado de los mejores caminos que han de seguirse
para el logro de las metas institucionales.
En el momento histórico
que vivimos, caracterizado por la pérdida de confianza ciudadana en las
instituciones públicas, nos parece importante promover la formulación de
políticas públicas que -como parte de una estrategia de rendición de cuentas-
fomenten el orden, la integridad y el desempeño ético de los servidores
públicos.
En el tenor de la reforma
nacional anticorrupción aprobada este año, el Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA) será el encargado del diseño y promoción de
políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos
públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos
de corrupción, en especial sobre las causas que los generan.
Es decir, la prevención,
disuasión y combate a la corrupción es hoy en día un mandato constitucional de
primer orden que debe ser abordado con decisión por las instituciones públicas
mexicanas de los poderes del Estado (en los tres órdenes de gobierno y en los
organismos públicos autónomos), con la participación y vigilancia activa de la
sociedad.
Dos políticas
fundamentales para nuestras dependencias públicas son: El control interno y el
combate a la corrupción. Estas políticas, debidamente diseñadas e
implementadas, coadyuvarían de forma relevante al mantenimiento y eficacia de
los procesos operativos de las entidades públicas y optimizarían la protección
y el buen manejo de los recursos económicos.
En el caso del control
interno, ya la Auditoría Superior de la Federación ha insistido en la urgencia
de que las organizaciones públicas cuenten con un Sistema de Control Interno
Institucional con observancia de las disposiciones legales aplicables en la
materia, y que dicho sistema esté diseñado y funcionando de tal manera que fortalezca
la capacidad para conducir las actividades hacia el logro de la misión e
impulse la prevención y administración de eventos contrarios al logro eficaz de
objetivos estratégicos.
En otras palabras, el
control interno representa un proceso efectuado a fin de brindar una seguridad
razonable para que las instituciones públicas alcancen sus objetivos, fines y
metas; por lo que las entidades y dependencias de nuestro país deben atender
las mejores prácticas internacionales, entre las que se encuentra el denominado
modelo COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway), para
propiciar un ambiente de control, evaluación de riesgos y mejora continua.
En cuanto a las políticas
de combate a la corrupción, nos parece que para su elaboración deben
identificarse previamente los temas que habrán de integrarlas, es decir, los
puntos clave que deberán ser considerados para su definición, verbigracia: Un
sistema profesional de carrera, transparencia en los procesos de adquisiciones,
rediseño, alineación y actualización de las normas que rigen el ejercicio de la
función pública, etc.
Las políticas
anticorrupción deben fundarse en estudios que identifiquen los principales
procesos susceptibles de ser cooptados por las redes de corrupción en nuestro
país (compras o licitaciones, otorgamiento de nombramientos, etc.) y no deben
ser vistas sólo como meras medidas reactivas sin rumbo definido, sino como
verdaderas guías que dan sentido a la acción de las instituciones públicas para
el logro certero de sus fines y el combate de los actos deshonestos que recaen
sobre los procesos sustantivos de su operación.
Inclusive, consideramos
que es necesaria la creación de un Plan Nacional de Control Interno y Combate a
la Corrupción en México, que atienda estratégicamente -en un periodo razonable
de tiempo- los principales problemas que afectan a nuestras instituciones
públicas.
Un Plan de estas
características sin duda es complejo, ya que para lograr sus propósitos debe
partir de un mayor y más profundo entendimiento de las causas que originan los
riesgos e irregularidades en las entidades públicas, comenzando con un
diagnóstico crítico que englobe diversas visiones expertas o propuestas de
solución integral.
Para su conformación deben
tomarse en consideración las previsiones–no necesariamente cronológicas- que
usualmente se observan en el proceso de construcción de políticas públicas,
entre las que se encuentran:
1. La identificación de
problemas, objetivos, actores y alternativas de solución.
2. El reconocimiento de las normas vigentes susceptibles de modificación.
3. La puntualización de costos-beneficios, así como de acciones de
implementación y responsables.
4. El establecimiento de calendarios de seguimiento.
5. La evaluación de las políticas implementadas.
Además, las resistencias
políticas que habrían de enfrentarse pueden ser mayúsculas, ya que lo más fácil
es el predominio del status quo. Sin embargo, el entorno actual de interés
social por el fortalecimiento en la integridad de nuestras instituciones puede
ser el impulso que se requiere para un cambio de fondo.
Creemos que mediante
políticas eficaces, las organizaciones públicas de nuestro país podrían no sólo
dar orientación definida a su actuación e inhibir conductas irregulares, sino
que también propiciarían la consecución efectiva de sus metas y darían mayores
niveles de certeza tanto a sus integrantes como a la sociedad mexicana tan
ávida de resultados y de muestras palpables de que su gobierno trabaja con
apego a los valores y principios democráticos.
Miguel Ángel Gutiérrez Salazar
Doctor en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
