“Esto es un pinche
mugrero, todos sabemos cómo se manejan las cosas aquí. Son las palabras de Martín, familiar de un preso en la cárcel de Topo Chico en Nuevo León donde
perdieron la vida 49 internos el jueves pasado. A todos [los internos] les
piden cuota, les cobran a los familiares mil 200 pesos a la semana para no
golpearlos, explica el familiar a La Jornada. El periódico también reporta que
desde 2011 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha advertido
sobre el control que los mismos internos tienen sobre la seguridad y la vida
interna de la cárcel, lo cual ha generado una situación de ingobernabilidad, extorsiones constantes e incluso una red de prostitución dentro del Centro de
Reinserción Social.
La masacre de Topo Chico no se debe entonces a una riña entre bandas, como ha señalado el gobernador ex priísta Jaime Rodríguez, sino a la negligencia y la complicidad activa de parte de las autoridades del estado de Nuevo León. Se confirma una vez más que el crimen más organizado es el que se organiza y se solapa desde las mismas instituciones gubernamentales.
Si México fuera una democracia, el gobernador responsable
tendría que presentar inmediatamente su renuncia después de una tragedia de
esta magnitud.
Ahora bien: si las
instituciones públicas no son capaces de mantener la orden y la paz en una
cárcel, donde supuestamente contarían con un control absoluto sobre la
población, ¿qué destino nos depara a los ciudadanos en el resto del país? La
respuesta la encontramos en Guerrero, donde ha habido 190 asesinatos y
múltiples secuestros masivos durante los primeros 44 días de 2016. También la
encontramos en Veracruz, donde la semana pasada Anabel Flores Salazar se
convirtió en el decimoquinto periodista asesinado durante el gobierno despótico
de Javier Duarte.
En su valiente Carta
abierta a gobiernos con motivo del asesinato de Flores Salazar, los periodistas
de Veracruz preguntan: ¿Cómo pueden los grupos de la delincuencia organizada
cogobernar [a Veracruz y a Puebla], y tirar cuerpos de un lado y del otro?
(véase: http://ow.ly/Yj0nA). Una vez más
se confirma que el verdadero crimen organizado se encuentra dentro, no fuera,
del gobierno y las instituciones públicas.
Nuestros problemas se
inician en Los Pinos. La semana pasada el Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF) confirmó la conclusión a la cual ya habían llegado tanto los
científicos de la UNAM como el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con
respecto a la supuesta calcinación de los cuerpos de los 43 normalistas de
Ayotzinapa en el basurero de Cocula. Resulta científicamente imposible que los
estudiantes hayan sido incinerados en ese lugar. En otras palabras, desde el
primer día tanto Enrique Peña Nieto como Jesús Murillo Karam han mentido
descaradamente a la población mexicana sobre el caso.
El probable encubrimiento
y posible complicidad de estos dos servidores públicos con los delincuentes
amerita una investigación independiente. Los resultados de los tres estudios
arriba mencionados constituyen más que suficiente motivo para que la PGR inicie
una investigación penal contra su extitular y el Congreso de la Unión inicie
procedimientos contra el Presidente de la República, de acuerdo con los
artículos 110 y 111 de la Constitución. Recordemos que el artículo 108 de
nuestra Constitución permite acusar al Presidente por delitos graves del orden
común. Si las instituciones públicas no están dispuestas a hacer su trabajo,
que la Nación se lo demande.
En este contexto, resulta
indignante la actitud complaciente que ha demostrado el papa Francisco con la
corrompida y traicionera clase política mexicana. Si bien el sumo pontífice
deslizó algunas críticas suaves y demasiado abstractas durante su intervención
en Palacio Nacional, el Papa progresista terminó avalando y fortaleciendo al
narcoestado mexicano con sus afectuosos saludos y agradecimientos demasiado
concretos a Peña Nieto, Angélica Rivera, Miguel Ángel Mancera, Emilio Gamboa,
Manuel Velasco y Javier Duarte.
Urge romper el guión. Si
el Papa no está dispuesto a salir del protocolo del poder represor, tendremos
que hacerlo nosotros. Hasta en un sistema político tan podrido como el de
Estados Unidos empiezan a asomarse algunas fisuras importantes, con el
sorprendente éxito de la candidatura de Bernie Sanders.
México no puede quedar
atrás. El primer paso para dejar de ser víctimas es dejar de amar a nuestros
victimarios. Hay que dar la espalda a las instituciones realmente existentes,
consolidar nuestra desconfianza en la mafiocracia y reconstruir las redes de
solidaridad social y trabajo político en favor de la patria. Solamente el
pueblo podrá salvar al pueblo.
John Ackerman
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
