Con fecha 4 de diciembre
de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto anunció, en la XIX Conferencia
Interamericana de Ministros de Trabajo en Cancún, que en febrero del año
entrante se presentará una iniciativa para modificar a la justicia laboral, manifestando incluso que esta clase de juicios en la actualidad son lentos y
costosos; contraviniendo aquel viejo adagio que está grabado en oro y que reza
de la siguiente forma: “La justica es gratuita, pronta y expedita”.
Lo anterior
no tiene nada de novedoso, ni de notorio, pues quienes que se han visto
inmersos en una litis laboral saben de la lentitud que caracteriza el proceso,
y ni hablar de los litigantes en dicha materia.
Los hechos valen más que mil palabras, y lo único cierto es que los juicios laborales son una agonía; desde que se entabla una demanda hasta que se cobra un juicio transcurren de manera normal de 3 a 4 años en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, y me atrevo a decir que sucede lo mismo en la Junta de Conciliación y Arbitraje en Tuxtla Gutiérrez; si es un juicio con competencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal dura de 4 a 7 años, y si es en el Tribunal Federal de 5 a 10 años.
Lo peor es la Junta
Federal del Distrito Federal; por lo regular nunca se acuerdan las promociones,
por lo que el abogado debe promover amparo indirecto en contra de la autoridad
por omisión, para obligar a las autoridades a acordarla. La otra vía es la
económica, y si hay interés en que el asunto marche debe darse una cantidad
monetaria y extraoficial. En numerosas ocasiones, sólo con dinero las
autoridades laborales hacen su trabajo; además de pagar el acuerdo de las
promociones que se presenten, hay que pagar también por el exhorto, el embargo.
En pocas palabras, nuestra justicia se mancilla, pues las autoridades laborales
piden dinero por todo, puesto que ya es costumbre, tanto de servidores públicos
como de los propios litigantes, manejar este acuerdo fuera de lo oficial.
El resultado de todo lo
anterior es que los jueces de distrito están saturados de amparos por omisión
ante la negligencia de las autoridades que se han convertido en verdaderos
mercados; no hablemos de peritos, pues también se venden al mejor postor. El
origen de la problemática, en su mayoría, se debe a que los presidentes de las
juntas, no entienden como debe ser lo que se está controvirtiendo, debido a que
sus nombramientos son totalmente discrecionales, o como coloquialmente afirma:
“de dedazo”. No obstante, se debe mencionar que existen unos muy respetables
conocedores del derecho laboral, con un buen curriculum; sin embargo, son
pocos, pues la mayoría no entiende siquiera como se desahoga una testimonial.
Ahora los tribunales
colegiados se han convertido en una ruleta rusa, no se tiene certeza si se
ganará o perderá un juicio; legislan, crean derecho del trabajo sin tener
facultades, han llegado a establecer que las contrataciones temporales se
justifican por el presupuesto anual del gobierno federal, sin que exista un
fundamento legal que lo estipule formalmente. En suma, estamos peor después de
la reforma que antes de ella.
La ley previó un periodo
de cinco años para adaptarse al cambio y estableció en el artículo 48 sanciones
a las autoridades por incumplimiento de los tiempos. Ello, en teoría, debería
aplicarse el 1o. de diciembre de 2017. Les he preguntado a varios presidentes
como piensan cumplir con los tiempos, si tardan en acordar una promoción seis
meses y la ley les dice que 48 horas, y la respuesta es que no tienen ni idea.
¿Lo peor? los laudos tardan en promedio de siete meses a tres años en dictarse,
cuando la ley dice que en diez días hábiles deben tener un proyecto y ocho para
discutirlo.
El gobierno federal debe
modificar estas conductas, el problema es la forma en que la mayoría de los
presidentes llegan a ocupar dicho cargo; como resultado existe un detrimento en
la impartición de justicia, pues no son expertos en la materia, y con lo
anterior no lograrán cambiar nada. La capacitación puede ser la respuesta, con
una verdadera carrera judicial, donde se capacite al personal, haya tolerancia
cero en casos de corrupción, se dé verdaderamente la conciliación y los
procesos sean más rápidos, donde además, los peritos sean llamados y rindan su
dictamen frente al presidente, sin tener acceso a las partes. Cuando los
presidentes sean de carrera y conozcan el juicio, lleven las audiencias y no
estén metidos en su oficina, entonces podremos hablar de una buena reforma
laboral. Con los tiempos que vienen, Peña Nieto no se tentará el corazón y
modificará el artículo 123, pues lo ve como un freno al desarrollo, muy
probablemente se extinga eso que llamamos estabilidad en el empleo y se
flexibilizarán las relaciones sin derecho a indemnizaciones.
Al respecto, en tiempos de
Fox, Nestor de Buen hizo una propuesta muy buena, un seguro de separación,
donde el trabajador aportaba una parte y el patrón otra en una cuenta bancaria;
Fox lo aplicó en los mandos medios y superiores y, por cierto, los diputados y
senadores también se lo aplicaron, sólo a los trabajadores de a pie no les
tocó. Ello terminaría con los conflictos laborales, ese ahorro paga las
liquidaciones y terminaría con los juicios laborales. Si el trabajador
demandaba, el patrón exhibía ante la junta su firma en un recibo, el trabajador
iba al banco y cobraba su liquidación; como los mandos medios y superiores del
Estado lo hacen, pero les gusta complicarse las cosas y optaron por una reforma
recaudadora, donde se pretende que la Secretaría del Trabajo se dedique a
cobrar multas a los patrones, eso fue la reforma laboral de Felipe Calderón.
Si la reforma laboral de
Felipe Calderón fue mala, la del presidente Enrique Peña Nieto seguirá la misma
suerte que la de su predecesor y homólogo, ya que la elaborarán personas que
nunca han llevado en la práctica un juicio laboral como litigantes, aunque se
habla para esta reforma del CIDE y del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM; pero lo que tenemos ahora es una inequidad laboral, catalogada como
la peor justicia que existe en el país, sólo rebasada por los reclusorios.
Alexis Aguilar Domínguez
Abogado postulante en materia civil
