Impunidad

 El panorama presentado por la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  acerca de la situación en nuestro país es  desolador.

 El gobierno mexicano se apresuró a responder que  el informe, por incurrir en generalizaciones y falta  de matices, no corresponde a la realidad; pero lo  cierto es que, más allá de las puntualizaciones que  habría que hacer, el documento señala una serie  de fenómenos innegables cuya persistencia  debilita el Estado de derecho y menoscaba la calidad de vida de los habitantes.

 El extenso reporte —241 páginas a renglón  cerrado— pone énfasis en las desapariciones  forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la  tortura, la inseguridad ciudadana, la vulnerabilidad  de periodistas y defensores de derechos humanos,  las dificultades del acceso a la justicia y los                                                                          niveles críticos de impunidad.

No falta alguna afirmación sin sustento. La CIDH asevera, en relación con la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que el caso “es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en que suelen quedar estos graves crímenes”, soslayando que, a pesar de las deficiencias que puedan encontrarse en la indagatoria, más de 100 personas están siendo procesadas como presuntos responsables de esos hechos. Si la CIDH considera que son chivos expiatorios, estaría moralmente obligada a exigir que se les ponga en libertad inmediata.

La CIDH advierte que la crisis de violencia y de seguridad se inició en 2006 con la llamada guerra contra el narcotráfico, que ha ocasionado la pérdida de más de 100 mil personas y miles de desapariciones y de desplazamientos en el territorio nacional. En consecuencia, exhorta al gobierno mexicano a reorientar el abordaje del tema de drogas de un enfoque de militarización y combate frontal usando la fuerza pública a uno con perspectiva integral, de derechos humanos y salud pública sobre las adicciones y el consumo sin fines de distribución. En ningún momento, sin embargo, se pronuncia por la despenalización, que vendría a constituir la verdadera reorientación en el abordaje del tema de las drogas.

La CIDH, si bien recomienda fortalecer la capacidad de la policía y de las procuradurías, omite el diagnóstico del problema que está en el origen de la situación que denuncia: la debilidad institucional, los vacíos de autoridad en numerosas regiones de la República Mexicana. Esa debilidad y esos vacíos ocasionan que grupos criminales, con frecuencia en colusión con autoridades, impongan su ley bárbara y queden impunes; que desaparezcan miles de personas; que se entierren cientos de cadáveres en fosas clandestinas; que segmentos de la población tengan que sufrir cotidianamente extorsiones y secuestros; que las víctimas no sientan incentivos para denunciar, y que la tasa de homicidios dolosos, aun cuando ha descendido, siga en niveles desmesuradamente altos.

Lo que ha erosionado nuestro Estado de derecho y la convivencia civilizada es la impunidad. La impunidad alienta a los potenciales delincuentes a llevar a cabo sus propósitos delictivos y genera en la población la sensación de indefensión absoluta: no es sólo que la criminalidad lastime o destruya vidas, sino que la falta de investigaciones rigurosas parece indicar que, independientemente de leyes y organismos públicos para atenderlas, las víctimas en realidad no importan al aparato estatal.

Esa impunidad viola constantemente un derecho humano básico: el derecho a una procuración de justicia pronta y eficaz, el derecho de las víctimas y del conjunto de la sociedad a que los presuntos delincuentes sean debidamente juzgados en un plazo razonable, sobre todo tratándose de los delitos más perniciosos.

No está mal que el gobierno mexicano apunte las imprecisiones y los errores de los informes sobre lo que está sucediendo en el país; pero mucho más importante es que se atiendan los problemas detectados, los vicios y las insuficiencias institucionales, de todos conocidos, que han impedido la consolidación del Estado de derecho y dañado seriamente o destruido la vida de muchos mexicanos, y que a todos nos producen decepción y desasosiego.

Luis de la Barreda Solórzano
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas