Los gnósticos —corriente
religioso-filosófica surgida en los primeros siglos del cristianismo— sostenían
que el mundo no fue creación del Dios bueno sino de un demiurgo esencialmente malo que, en consecuencia, creó a la materia como habitáculo del mal. A la
vista del funcionamiento del Ministerio Público en México, podríamos considerar
que también fue obra de un demiurgo esencialmente malvado que diseñó la
institución para que su labor fuera no sólo deficiente sino atroz.
Las quejas más numerosas
durante los dos periodos en los que tuve el honor de presidir la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) fueron las presentadas contra el Ministerio Público, por la exasperante lentitud y las omisiones y fallas con
que se tramitaban las averiguaciones previas. Varias recomendaciones al
respecto dirigimos al procurador de Justicia; 15 años después de que concluí mi
gestión (¡ay, cómo vuela el tiempo!), el órgano de la acusación continúa, como
en la rima de Bécquer, hoy como ayer, mañana como hoy, ¡y siempre igual! En
efecto, la CDHDF en su reciente recomendación 2/2016 da cuenta de que el
Ministerio Público de la capital de la República sigue actuando con la
negligencia, la falta de profesionalismo y la desconsideración hacia las víctimas con que lo hacía hace tres lustros.
La recomendación se
refiere a 19 indagatorias en las que se advierten periodos pronunciados de
inactividad en la integración de las investigaciones; desatención a víctimas
y/o denunciantes; falta de diligencias orientadas a identificar a los probables
responsables de los delitos; falta de oportunidad en la emisión de citatorios,
órdenes de comparecencia, búsqueda, investigación y presentación de personas
clave para el esclarecimiento de los hechos; falta de seguimiento a las
solicitudes de colaboración giradas a policías de investigación; falta de
preservación de la escena del delito; práctica a destiempo de diligencias de
carácter urgente; instrucciones erróneas para solicitar dictámenes periciales;
retraso injustificado en la emisión de esos dictámenes; falta de coordinación
entre los agentes ministeriales investigadores, dictaminadores y adscritos;
escaso control y supervisión para la integración de las averiguaciones previas,
e, incluso, extravío de un expediente.
La CDHDF detectó dilación
en la tramitación de las indagatorias por periodos que van desde dos hasta 13
años, lo que en varios casos ha ocasionado que las acciones penales
correspondientes hayan prescrito, es decir que los delitos ya no puedan ser
investigados en virtud del tiempo transcurrido. La complejidad de los
expedientes no justifica en ninguno de los casos la excesiva tardanza en el
trámite. Lo que ha motivado la dilación es la “indiferencia en la realización
de las diligencias tendentes a acreditar los hechos constitutivos del delito e
identificación de los probables responsables”. En otras palabras: la ausencia
de profesionalismo y la nula vocación de servicio.
Lo que a mi juicio resulta
más escandaloso es que una averiguación previa tarde en integrarse toda la
eternidad, que entre una diligencia y otra transcurran meses y meses de vacío
absoluto —sin actuaciones ministeriales— y que no se lleven a cabo acciones de
pertinencia evidente para el esclarecimiento de los hechos sin que los
superiores jerárquicos de los agentes del Ministerio Público detecten esa
inacción escandalosa y prolongada. En realidad, la supervisión del trabajo de
dichos agentes no es escasa, como apunta la recomendación, sino inexistente —o
peor aún: cómplice—, pues de otra manera sería inexplicable que se tolerara
tanta apatía y tanto desinterés.
Es curioso que en nuestro
país los esfuerzos en materia de justicia penal de los dos gobiernos anteriores
y el actual se hayan orientado exclusivamente a la gestación de un nuevo
sistema procedimental y no a la transformación radical del órgano persecutor de
los delitos, no obstante que el motivo de la desmesurada impunidad que
padecemos reside en ese habitáculo de la desidia, la abulia, la desgana, la
falta de respeto a las víctimas y la corrupción que es el Ministerio Público.
Luis de la Barreda Solórzano
Luis de la Barreda Solórzano
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas
