Por instrucciones de algún
funcionario de la Sedesol, los beneficiarios del programa Prospera ya no tendrán hambre, al menos eso es lo que deberán decir cuando contesten la
encuesta de evaluación del programa.
En semanas pasadas, algunos
medios impresos y electrónicos, entre ellos El Siglo de Torreón y Sinembargo.mx, recogieron la noticia de que un funcionario público de este
programa en Coahuila, concretamente de Piedras Negras, había emprendido la
humanitaria tarea de acabar con el hambre por decreto.
No queda claro si el
funcionario Alberto Cabrera Aguilar actuó motu proprio o por instrucciones
superiores. Lo que es clarísimo es el audio que grabó alguno de los asistentes.
Se escucha la voz del funcionario diciéndoles a quienes van a contestar la
encuesta de evaluación qué deben decir para evitar “errores”. Es necesario
mostrar que el programa sirve, todos digan que no tienen hambre. ¿Tienen
hambre? Y a coro repite un grupo de voces femeninas: ¡No!, ¿qué van a decir
mañana?, ¡no!
En la grabación hay una
amenaza explícita. Les advierte que si ellos dicen que tienen hambre, el Inegi
le va a decir a los diputados que el programa no sirve y eso los pone en riesgo
a todos, inclusive a él mismo porque también es parte del programa. La
grabación se puede escuchar en la siguiente dirección:
http://www.sinembargo.mx/10-03-2016/1634443
La noticia no es una
anécdota graciosa, especialmente cuando las evaluaciones hechas al programa no
han sido favorables. El año pasado el Coneval puso en cuestión la eficacia de
los muchos programas de Sedesol que comprenden la Cruzada Nacional Contra el
Hambre. Los índices que miden la pobreza y pobreza extrema no parecen mejorar
al través del tiempo.
La Auditoría Superior de
la Federación tampoco evaluó favorablemente el ejercicio del gasto en ese
rubro. El informe de la cuenta pública de 2014, entregado a la Cámara de
Diputados hace apenas unas semanas, tiene una visión muy crítica sobre los
resultados del programa. A pesar de contar con un presupuesto de 160 mil
millones de pesos, no se tienen pruebas contundentes de que haya avances para
erradicar el hambre.
En agosto de 2015, Rosario
Robles, después de que el Coneval publicó sus resultados, salió de la Sedesol y
entró el actual secretario José Antonio Meade quien, al parecer, reconoció los
malos resultados, ya que anunció, unos meses después, en noviembre, la
necesidad de hacer un relanzamiento del programa. Debería haber un mejor
acompañamiento de la Sedesol a los gobiernos locales a fin de lograr,
efectivamente, el empoderamiento de los beneficiarios de los programas.
El Coneval es el organismo
público autónomo que tiene como misión la evaluación de la política de
desarrollo social con el objetivo de mejorar los resultados. En pocas palabras,
revisa que el dinero que se invierte en cada programa arroje los resultados
esperados. En el caso de los programas involucrados en la Cruzada Nacional
contra el Hambre, lo que se busca es el acceso a una adecuada alimentación que
elimine o, al menos, disminuya el hambre y, de ser posible, la desnutrición.
Uno de los instrumentos de
evaluación es hacer encuestas entre los beneficiarios. Es evidente que el
cuestionario levantado el viernes pasado no servirá para tales propósitos,
porque al menos una porción de los encuestados contestaron bajo presión del
funcionario que entrega los beneficios del programa.
En México, la rendición de
cuentas es un tema relativamente nuevo y la construcción de indicadores del
desempeño ha sido una materia difícil en la administración pública. Ahora han
sembrado la duda no sólo sobre el programa Prospera, tampoco podremos confiar
en los resultados de, al menos, esta evaluación. ¡Con hambre y desperdiciando
el dinero! Eso también es corrupción.
PUNTO Y APARTE: el día de
hoy, varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Transparencia
Mexicana, entregaremos al Senado las más de 120 mil firmas que respaldan la
iniciativa Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como la
Ley 3 de 3. Un logro colectivo que refleja que una buena parte de la sociedad
está harta de las malas leyes que propician la corrupción y la impunidad.
María Marván Laborde
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas
