En días pasados, el
presidente Enrique Peña Nieto firmó un paquete de iniciativas para reformar la
Constitución y el código civil federal, a fin de reconocer el derecho de todas
las personas a contraer matrimonio, sin importar el sexo de los contrayentes, y
facilitar los trámites de concordancia sexo-genérica a nivel registral.
El mensaje es importante y
valiente: el Poder Ejecutivo en México es aliado de las personas LGBTTIQ y está
dispuesto a proteger sus derechos y libertades. Me alegra, aunque me también me
preocupa el riesgo de estar ante una mera simulación.
La iniciativa de reforma
constitucional del Presidente supone incorporar al artículo 4 constitucional la
siguiente frase: “Toda persona mayor de dieciocho años tiene derecho a contraer
matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género,
discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias
sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana”.
Esto es, la iniciativa
pretende, por un lado, constitucionalizar el derecho a contraer matrimonio y,
por otro, prohibir la discriminación en relación a la propia institución
matrimonial. Dicho en otras palabras, la iniciativa de reforma no pretende nada.
Al menos, nada nuevo.
Desde agosto de 2010, la
Suprema Corte de Justicia, en un ejercicio de mera interpretación
constitucional, se ha pronunciado reiteradamente sobre el derecho a contraer
matrimonio y la prohibición de excluir del mismo a las parejas del mismo sexo.
Ello a partir del derecho de igualdad, recogido en el artículo 1 constitucional
que desde junio de 2011 dispone: “Queda prohibida toda discriminación motivada
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana…”.
Esto no significa que la
iniciativa del Presidente suponga crear un nuevo derecho constitucional, sino
que pretende explicitar lo que ya estaba previsto en otras porciones normativas
del mismo orden. Si en retórica es “tautología” la repetición innecesaria de un
pensamiento usando palabras similares, aquí podemos decir que estamos ante una
“tautología constitucional”.
Tengo muchas dudas sobre
la necesidad de explicitar todo en la Constitución, de seguir abigarrándola.
Además, me preocupa que haya quien piense que, para ser democrática, una
decisión judicial debe “constitucionalizarse”. Creo que ello deriva de la mala
comprensión de lo que es una Constitución y del papel que juega la
interpretación en el orden jurídico. Creo también que entender así el orden
constitucional menoscaba el papel de los intérpretes de la norma.
El presidente Peña,
además, propuso reformar el código civil federal para permitir a las parejas
del mismo sexo casarse. La reforma me parece deseable y sin duda será de enorme
utilidad para las parejas gay… que pretendan casarse en un consulado. Es decir,
¿qué pasan con aquellos que pretendan contraer matrimonio en los estados de la
República? Esa es otra historia.
Diré lo obvio: el
presidente no tiene facultades para iniciar leyes o reformas a nivel local. Las
iniciativas presentadas no tendrán impacto alguno sobre los órdenes locales, no
motivarán reformas a los códigos civiles y familiares de los estados ni “harán
realidad los matrimonios igualitarios a nivel nacional” —como afirmaban las
notas periodísticas de ayer—.
Incluso, la reforma al
artículo 4 constitucional no cambiará nada para las miles de parejas gay que
quieren contraer matrimonio en la mayoría de los estados de la República.
Bienaventurados quienes viven en la Ciudad de México, Coahuila, Quintana Roo,
Chihuahua y, recientemente, Michoacán. Desafortunados quienes viven en los
otros 26 estados y que, al querer contraer matrimonio, tienen y tendrán que promover
un juicio de amparo en contra de las normas que les restringen el acceso al
mismo. Lo diré una vez más: de aprobarse las iniciativas del presidente, la
necesidad de promover un juicio de amparo no cambiará.
Seamos críticos antes de
aplaudir las buenas intenciones de un gobierno. Contribuyamos técnica e
inteligentemente. La lucha por la igualdad y el respeto a las minorías sexuales
lo exige.
Julio Manuel Martínez
Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la Ponencia del Ministro Cossío en
la Suprema Corte.
