Ricardo Anaya y el Partido
Acción Nacional empiezan a promover una reforma al modelo de comunicación
política. No es la única voz crítica, algunos académicos y analistas opinamos
igual. Menos spots y más debates. Menos soliloquios y auténticos diálogos entre partidos y de éstos con la sociedad.
Sigo pensando que es un
gran acierto garantizar el acceso a radio y TV a los partidos y candidatos en
los tiempos del Estado. Soy de la idea de que esto debe prevalecer, ya que es
uno de los elementos que garantizan condiciones de equidad.
El modelo de comunicación política actual tiene dos grandes desventajas. Las campañas se redujeron a propaganda cuasi comercial encapsulada en cancioncillas y lemas bobos que caben en 30 segundos. No dicen nada del programa de un partido, generan hartazgo y no propician el diálogo.
La segunda gran desventaja
del modelo es la sobrerregulación. Tratar de controlar lo que los partidos
pueden o no pueden decir y cómo pueden criticar al otro o promoverse a sí
mismos, ha sido una de las normas más costosas para nuestro sistema electoral.
Genera gastos económicos
para los partidos y para la autoridad porque se multiplica exponencialmente su
trabajo. Sin embargo, los mayores costos son en términos de legitimidad
democrática. El daño infligido al INE y a los tribunales por estar decidiendo
si tal spot está dentro de los límites de lo permitido o es excesivo, debilita
a la autoridad y pone en riesgo la consolidación de la democracia.
La experiencia nos
demuestra que las reglas actuales han sido inútiles para contener las campañas
negras; este año fueron tan descarnadas que, lejos de traer beneficios,
perjudicaron a quienes abusaron de ellas. Dejemos que cada partido pague las
consecuencias de sus decisiones.
Las propuestas deberían
liberalizar el modelo. Libertad absoluta en lo que cada partido dice: cero
restricciones para presumir sus logros de gobierno o para criticar al
adversario. Los partidos tienen tiempos garantizados en radio y televisión, por
lo tanto, todos tienen una suerte de derecho de réplica que los pone en
igualdad de circunstancias.
Son indispensables más
debates, con reglas mínimas que permitan agilidad y que den oportunidad a los
candidatos de demostrar inteligencia o la falta de ésta. Los resultados han
sido desastrosos. Monólogos alimentados de lugares comunes. La única chispa
surge porque una cartulina está de cabeza o gracias a la edecán pechugona que
se coló maliciosamente.
El INE debería establecer
muy pocas reglas con suficiente antelación para que nadie sospeche que están hechas
para favorecer a alguien en particular. Quizá fijar temas y fechas desde antes
de que estén definidos los candidatos. Creo que ni siquiera se les debería
tomar parecer a los partidos. Nada más complicado que negociar con los equipos
de los candidatos las reglas de los debates, parten de la desconfianza mutua,
pero quieren un ambiente seguro.
El modelo de comunicación
es sumamente rígido y la evolución de las telecomunicaciones y redes muy
dinámica. Son preocupantes las voces que imploran que se incremente la
regulación de internet y de las redes sociales. Claro que estos gastos deberían
reportarse, pero no tratar de censurar lo que pasa por ellas. Sólo países
totalitarios controlan las redes.
Debido a las quejas
frívolas de los partidos sobre los sitios de internet de los gobiernos, éstos
han tenido pretexto para bloquear su información en tiempos de campaña. Durante
las campañas, debería ser ilegal desaparecer las obligaciones de transparencia.
La información que obliga la Ley de Transparencia debería permanecer todo el
tiempo. Es rendición de cuentas, no propaganda. ¿Es tan difícil reconocer la
diferencia?
El riesgo que tiene abrir
el tema del modelo de comunicación es volver a alebrestar a las televisoras,
que han actuado no sólo como enemigas del modelo sino como antagonistas de la
propia democracia. Ellas quieren regresar al libre mercado para poder vender
tiempo barato a sus preferencias y caro a los demás.
Honor a quien honor
merece: bien por la decisión de Peña Nieto de que la PGR interpusiera una
controversia constitucional en contra de las absurdas medidas de los Duarte y
Borge.
María Marván Laborde
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM