Javier Duarte y Roberto
Borge, gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, dan muestras de desesperación
después de su derrota electoral. Ambos gobiernos se han destacado por haber
construido sendas redes de corrupción y por múltiples abusos de autoridad. Ambos
preparan su salida con medidas legales con las que pretenden protegerse de la justicia.
Entre otras cosas, han
transformado las respectivas procuradurías estatales en fiscalías y han
nombrado a sus leales como fiscales que durarán en su encargo más tiempo de lo
que durarán los próximos gobiernos.
Unas semanas antes de la
elección, el periódico Animal Político sacó a la luz la investigación acerca de
las empresas fantasma en Veracruz; éstas ganaron licitaciones y proyectos de
política social que desviaron millones de pesos del erario. El secretario
general de Gobierno defendió en la radio estas acciones a partir de la
afirmación, tristemente cierta, de que las empresas están constituidas conforme
a derecho y las licitaciones cumplieron todos los requisitos de la ley.
El día de ayer la revista
Expansión subió a su portal de internet un largo reportaje que da cuenta de la
forma en la que Borge y su gabinete, en connivencia con la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje número dos, han despojado a hoteleros y empresarios de
sus negocios.
El mecanismo parece
sencillo. Empleados que nunca trabajaron en esta empresa o en aquel hotel
entablaron falsos juicios laborales. Alegaron despidos y dijeron haber
percibido sueldos que llegaban a tres cuartos de millón de pesos mensuales. De
manera inexplicable, las notificaciones a los patrones se hicieron en
direcciones desconocidas y, por supuesto, los presuntos trabajadores obtuvieron
laudos favorables que incluyeron órdenes de desalojo y el congelamiento de
cuentas de los legítimos dueños. Como en el caso de la investigación de Animal
Político, el presidente de la mencionada junta defiende su actuación diciendo
que los juicios cumplen los requisitos de ley
(http://expansion.mx/nacional/2016/07/06/los-piratas-de-borge-el-saqueo-d...).
El llamado paquete de
impunidad del gobernador Borge ha sido aprobado por un Congreso que sesiona en
un hotel que resguarda la policía. Supuestamente las reformas constitucionales
están publicadas en la Gaceta Oficial del Estado de Quintana Roo del 25 de
junio, sin embargo, en su sitio de internet sólo se puede leer el índice porque
está bloqueado, lo que hace imposible acceder a su contenido. De acuerdo con
habitantes de Quintana Roo, la circulación de la Gaceta ha sido sumamente
restringida, es prácticamente imposible tener acceso a un ejemplar impreso.
Nuevamente, el gobierno
cumple con la obligación legal de publicar las reformas, pero impide que se
obtenga la publicación oficial para que nadie pueda ampararse de las
aberraciones legales que está cometiendo.
El PRI ha tenido una
suerte de deslinde a través de un tibio pronunciamiento de Carolina Monroy, su
actual presidenta. Considera que las acciones de Duarte son éticamente
incorrectas a pesar de que jurídicamente son válidas.
La diferencia esencial
entre una dictadura y una democracia es porque en ésta última los gobernados
están protegidos de las arbitrariedades que pueda cometer un gobernante. La
autoridad siempre está obligada a actuar dentro del margen de la ley. Más
importante que los procesos de elección del gobernante es el respeto a los
procedimientos mediante los cuales se hacen las leyes y la sujeción de todo
gobernante a ellas. El daño que están haciendo este par de gobernadores
trasciende en importancia a sus actos de corrupción. No es una exageración
decir que, al burlarse así de la ley, están dinamitando el fundamento del
contrato social que permite la convivencia pacífica de la sociedad.
Si bien el Presidente debe
respetar a los gobernadores, cabe preguntarnos si no considerará oportuno
solicitarle a su secretario de Gobernación que haga lo necesario para hacer
respetar el Estado de derecho en estas entidades.
¿Qué pensará hoy Peña
Nieto de los gobernadores que algún día, en el programa Tercer Grado, presumió
como el nuevo rostro del PRI?
María Marván Laborde
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM