El Sistema Nacional Anticorrupción: Un proyecto en construcción

 La aprobación por parte del Congreso de la Unión  de las siete leyes que dan forma al Sistema  Nacional Anticorrupción es, sin lugar a dudas, un  paso importante para contar con el andamiaje  jurídico-normativo que permita a nuestro país  disminuir los índices de impunidad y corrupción  que dañan a la sociedad mexicana en su conjunto.

 Múltiples voces se han pronunciado a favor y en  contra del contenido de las normas jurídicas  aprobadas en sede parlamentaria, pero más allá  de si las leyes satisfacen las exigencias  particulares de quienes las han analizado,  podríamos convenir en que todo marco legal es  perfectible y en que, en su conjunto, los  resultados legislativos obtenidos al día de hoy  constituyen un avance significativo.

No olvidemos que estamos comenzando la construcción de un proyecto llamado Sistema Nacional Anticorrupción; el paquete legislativo autorizado sólo es una parte de ese sistema, mismo que, a futuro, deberá armonizar todos los elementos que lo habrán de conformar para su óptimo funcionamiento (coordinación entre instituciones, unificación de criterios, adopción de políticas y prácticas, etc.).

En ese tenor, si bien la “pieza” normativa es muy relevante, será la implementación de las leyes, y en específico de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del Comité Coordinador, la que nos permita efectivamente medir sus fortalezas y debilidades para lograr los fines que se han establecido en ella.

Desde nuestro punto de vista, es fundamental y sustantiva la misión que tiene a su cargo el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Entre sus funciones y facultades se encuentran:

• Elaborar un programa de trabajo anual sólido, que sea públicamente conocido y legitime de inicio su actuación frente a la sociedad;

• Establecer bases y principios que fomenten una coordinación efectiva entre sus integrantes;
• Aprobar, diseñar y promover la totalidad de la política nacional en materia anticorrupción, así como su evaluación periódica, sus ajustes y modificaciones;
• Emitir un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia;
• Dictar recomendaciones no vinculantes, de carácter público, dirigidas a las autoridades (dando el seguimiento correspondiente), con el objeto de garantizar la adopción de medidas orientadas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control interno.

Nos parece que esas facultades constituyen verdaderos retos para el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; representan la oportunidad de diseñar una estrategia nacional para el fomento a la integridad pública; de dar un seguimiento puntual a las acciones que fomentan la probidad de nuestros gobiernos y de involucrar a la sociedad mexicana en las propuestas de combate al grave flagelo de la corrupción.

Estamos ante una coyuntura histórica sumamente importante, en el que la participación ciudadana en los debates públicos para contar con mayores y mejores instrumentos de rendición de cuentas será vital.

Por ello, el Comité de Participación Ciudadana, en su carácter de eje rector del Sistema Nacional Anticorrupción, deberá en todo momento analizar las propuestas de la academia, de la sociedad organizada y las mejores prácticas internacionales en la lucha anticorrupción, para eficientar la implementación de las leyes en la materia y el desempeño del propio Sistema.

La labor nos atañe a todos. En la medida de nuestra participación estarán los resultados que se obtengan por alcanzar un servicio público honesto y responsable con los valores democráticos de nuestra sociedad.

Miguel Ángel Gutiérrez Salazar

Doctor en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM