Una de las principales
debilidades del sistema disciplinario mexicano actual es la inexistencia de métodos, técnicas y líneas de investigación de carácter científico que permitan
la indagación oportuna y eficaz de las faltas administrativas.
Contrario a lo que sucede
en materia penal, en donde se cuenta con nociones mucho más desarrolladas de investigación científica para la dilucidación de hechos delictivos y se tienen
herramientas fundamentales provenientes de la criminalística, la criminología y
las ciencias forenses (por ejemplo: balística, dactiloscopia, documentoscopía,
genética, informática, etc.); en el ámbito disciplinario se carece de una
especialización teórica, práctica y científica que profesionalice la indagación
de hechos administrativos irregulares.
Hoy en día, según nos
parece, las investigaciones administrativas se basan en lo que podríamos
denominar el criterio o la lógica del encargado de llevar a cabo la
investigación, quien generalmente sigue los pasos que se dieron en asuntos
semejantes resueltos con anterioridad, pero no construye una teoría del caso
que tenga sentido y pueda ser probada jurídicamente, siguiendo un método
técnico que dé orientación a su actuación.
Ante una denuncia, los
Órganos Internos de Control arman un expediente por medio de un conjunto de
diligencias no necesariamente ordenadas (informes, testimonios, pruebas
documentales, etc.), que justifican (o no) el inicio de un procedimiento de
responsabilidad administrativa. Sin embargo, en esa mecánica, se carece de un
proceso de planeación que permita construir una teoría del caso, para
posteriormente allegarse de prueba útiles (no sólo cualquier prueba) y
dilucidar si existió una infracción administrativa y si en ella participó un
servidor público.
Como lógicamente podemos deducir,
sin una teoría del caso y sin el perfeccionamiento o la demostración
técnico-científica del camino que siguió el infractor (o de lo que en materia
penal se conoce como iter criminis), resulta complejo que se pueda hacer una
adecuada investigación, y por ende, estar en posibilidades de reprochar
eficazmente la responsabilidad administrativa.
Ante dicha problemática y
en la importante coyuntura histórica que representa el actual diseño del
Sistema Nacional Anticorrupción, nos parece necesario poner en la mesa de
debate la profesionalización de quienes investigan las faltas administrativas
por parte de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública
Federal.
Lo anterior comprendería
–desde nuestro punto de vista- adoptar metodologías de investigación
científicas aplicadas al derecho disciplinario y elevar la competencia de los
servidores públicos adscritos a los Órganos Internos de Control, mediante la
construcción del perfil de investigador. Ambas medidas tendrían como finalidad
subsanar la dispraxis o mala práctica que hoy en día acontece en el desarrollo
de las investigaciones disciplinarias.
En el caso de la
metodología de investigación disciplinaria, podría fundarse en la construcción
de una teoría del caso que permita a la autoridad plantear hipótesis que habrán
de irse corroborando durante el desarrollo de su trabajo. En este tenor, la
teoría del caso brinda un soporte teórico, una guía de actuación y trae consigo
al menos un doble beneficio:
1. Coadyuva a conformar
una metodología para realizar investigaciones más ordenadas, lógicas y
eficientes; y
2. Se constituye en un elemento garantista para el sujeto investigado, quien a partir de la teoría del caso planteada puede esgrimir una estrategia metodológica de defensa, construida desde una hipótesis inicial y sustentada en los elementos fácticos, probatorios y jurídicos fundamentales.
En cuanto a la
construcción del perfil de investigador o investigadores, no es tarea sencilla,
ya que se requieren servidores públicos que no sólo tengan una buena
preparación académica y un conocimiento sólido en derecho disciplinario, sino
que también deben contar con bases sociológicas y un trato respetuoso con cada
una de las personas con las que va a conformar su investigación. Además,
tomando en consideración que la investigación no es una labor asequible a
cualquier profesionista, debe ser llevada a cabo por un investigador que cuente
con capacidad y formación profesional técnico-científica completa, con las dotes
necesarias para su realización, integración o perfeccionamiento: observación,
sagacidad, minuciosidad, paciencia, buena memoria, orden mental, intuición,
discreción, etc.
En este tenor, el debate
que hoy en día se sostiene en el Poder Legislativo, respecto a la conformación
de las leyes de responsabilidad administrativa de los servidores públicos en
México, debe considerar la débil formación técnico-científica de los
integrantes de los Órganos Internos de Control, como una de las debilidades del
sistema disciplinario que es preciso resolver.
Pero el tema no sólo atañe
a los legisladores, sino también a la Secretaría de la Función Pública, a los
Titulares de los Órganos Internos de Control e incluso a la Auditoría Superior
de la Federación y las Contralorías de los Órganos Autónomos, ya que como
entidades encargadas de investigar faltas administrativas, deben asegurar que
las mismas se desarrollen con rigor y método científico, por investigadores
expertos en derecho disciplinario, en un marco de integridad y apego a los
principios rectores del debido proceso.
Miguel Ángel Gutiérrez
Salazar
Doctor en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM