El único criterio
establecido para hacer esta primera selección es el artículo 212 citado, el
cual señala como requisitos para ser magistrado de la Sala Superior:
Contar con credencial para
votar.
Preferentemente tener
conocimientos en material electoral.
No desempeñar o haber
desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o su
equivalente en un partido político.
No haber sido registrado
como candidato a cargo de elección popular en los últimos 6 años.
No desempeñar, ni haber
desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en los
últimos seis años.
Estos requisitos son
generales, no atienen a la realidad de la justicia electoral en el país, es
necesario revisarlos y reformarlos para futuros procesos de designación. Sin
embargo, para este proceso que ya inició es el único parámetro que tienen los
ministros para seleccionar a 42 aspirantes de los 126 inscritos, lo cual
permite una amplia discrecionalidad a las ministros de la SCJN.
Por tanto, la pregunta
relevante es ¿cuáles son las cualidades que deben tener los magistrados de la
Sala Superior del TEPJF? ¿Qué deberán tomar en consideraciones los ministros a
fin de determinar quiénes de los 126 aspirantes deben seguir en el proceso?
Es difícil determinar un
perfil único e ideal de magistrado electoral, muchos son los temas que se deben
considerar al respecto, en el Observatorio Electoral consideramos que son tres
los requisitos iniciales que se deben privilegiar: conocimiento, experiencia e
independencia.
Los temas electorales en
México llevan más de 20 años siendo objeto de estudio en diversos centros
universitarios, actualmente existe una importante oferta académica al respecto.
Además, llevamos más de 20 años con autoridades electorales robustas a nivel
federal y local. Factores que justifican la exigencia a los aspirantes de
contar con conocimiento y experiencia probada en la materia electoral.
El conocimiento y
experiencia es un requisito indispensable para quienes aspiren a llegar a la
Sala Superior, pues como lo señala María Marván, investigadora del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la próxima integración de la Sala
Superior tiene una responsabilidad muy grande: consolidar la democracia. A
golpe de sentencia deben exigir a los partidos políticos una mayor
responsabilidad democrática. Y, por ello, es indispensable que lleguen a la
Sala Superior gente responsable, con criterio y técnica jurídica, que busquen
fortalecer el sistema de partidos.
Los ministros de la SCJN
también deben valorar la total independencia de los aspirantes, independencia
personal e independencia institucional como lo señala el juez Aharon Barak.
Al respecto, Hugo Concha,
también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que
quienes sean designados como magistrados deben contar con independencia
ideológica o política de los candidatos a cargos de elección popular, que su
trayectoria no esté asociada a ninguna fuerza política, evitando cuotas
partidistas, lo cual perjudica a las instituciones electorales. En ese sentido,
estima que la nueva integración de la Sala Superior debe buscar cumplir con su
papel de garante de la democracia a través de sentencias claras, bien
argumentadas, imparciales, coherentes y consistentes.
Procesos de designación
similares, han sido fuertemente criticados porque los cargos han recaído en
personas identificadas de forma clara y comprobable con algún partido político;
lo cual, aunado a su poca o nula experiencia en materia electoral, ha generado
autoridades que se encuentran deslegitimadas desde el inicio.
Es natural que los
aspirantes tengan su propia ideología, pero ello no significa que la
designación de los magistrados deba atender a una lógica de cuotas partidistas,
ni mucho menos a personas cuya independencia sea razonablemente cuestionada.
Finalmente, en un contexto
ideal, la designación debe recaer sobre personas de prestigio en la materia,
que aporten su conocimiento y experiencia a efecto de fortalecer a la
institución, y no por el contrario, que construyan su prestigio a costa de la
institución.
Tal como lo señala Saúl
López Noriega, profesor asociado del CIDE, al referir que los próximos
magistrados electorales deben tener un prestigio propio y no construirlo a
partir de su cargo, pues la siguiente generación de magistrados –al ser
responsables de la última instancia de la justicia electoral- debe tener como
objetivo retomar la labor de tribunal constitucional.
Por lo anterior, es una
exigencia que esta primera selección de 42 aspirantes recaiga en aquellos que
por su capacidad, experiencia, preparación académica y buena reputación puedan
asumir las responsabilidades que implica el cargo, de manera que podamos contar
con una autoridad jurisdiccional electoral fuerte, independiente y preparada en
los aspectos técnicos.
Equipo del observatorio
electoral de Strategia
Electoral