En noviembre terminan su
gestión en la Suprema Corte los dos últimos ministros de la integración original de la Novena Época de 1995. Se van Juan Silva Meza y Olga Sánchez
Cordero, quienes llegaron a la magistratura catalogados como outsiders, por
no pertenecer al perfil tradicional del ministro. Sánchez Cordero arribó después de un breve periodo como magistrada del Tribunal Superior del Distrito
Federal, antecedida de una carrera como notaria. Silva Meza, a pesar de haber
realizado toda su carrera dentro del Poder Judicial, llegó en calidad de
penalista la rama menos prestigiada en aquel momento.
Junto con José Ramón Cossío y José Gudiño Pelayo, los dos ministros salientes formaron parte de la integración de la Primera Sala que entre los años 2007 y 2010 comenzó a realizar un trabajo interesante en materia de protección de derechos humanos. Ambos ministros fueron bastante activos en la solicitud de la facultad de atracción de juicios de amparo. Sánchez Cordero fue la segunda que buscó el ejercicio en mayor número de ocasiones, mientras que Silva Meza fue el único de los ministros al que le aceptaron todas las solicitudes de atracción realizadas. Ambos ministros fueron importantes promotores del uso de la facultad de investigación y en casos relevantes como Florence Cassez se posicionaron a favor de la extensión en la interpretación de los derechos del imputado.
Los dos ministros construyeron
liderazgos relevantes al interior de la Suprema Corte. Juan Silva Meza fungió
como Presidente del máximo tribunal en el periodo 2011-2014. Entre sus logros
más destacados se encuentran que la Corte recibiera el premio de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en el año 2013, además de la postulación del
amparo mexicano al programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Junto con esto, el
mérito más relevante que tuvo fue ser la figura más visible de la protección de
los derechos durante el sexenio de Felipe Calderón y el presente. Juan Silva
Meza es respetado y bien querido por sus colegas como el ministro decano y
seguramente quedará en la memoria como uno de los ministros de la Novena Época
que mejor desempeño tuvo.
Olga Sánchez Cordero es
ampliamente reconocida por su liderazgo en temas de género. Después de dos
titubeos en la materia que la hicieron ser duramente criticada por el sector
feminista, por sus votos en la primera acción de inconstitucionalidad respecto
del aborto en el año 10/2000 y de su voto contrario a la violación grave
de garantías individuales en el caso Lydia Cacho, el tiempo dentro de la
magistratura le alcanzó para consolidarse como una de las figuras más relevante
de la protección de los derechos de las mujeres. Tanto al interior como al
exterior de la Suprema Corte se le estima y seguramente al concluir su periodo
continuará siendo una de las voces relevantes en la promoción de una visión de
género en el derecho mexicano.
Ante el proceso de
selección de los próximos meses para sucederlos, resulta difícil pensar en
candidatos ideales para ocupar las dos sillas estratégicas que se vacían. La
silla de Silva Meza debería ocuparse por un penalista que tuviera además una
visión garantista de protección de derechos humanos. Si bien los ministros
Pérez Dayán y Pardo Rebolledo tienen formación y trayectoria en el derecho
penal, la ausencia de Silva Meza será más notoria si no se cubre con algún
ministro que tenga ese doble perfil. No será fácil encontrar este tipo de
candidatos, pero la inminente entrada en vigor en todo el país del nuevo
sistema procesal penal acusatorio y oral el próximo año 2016, incrementará la
necesidad de tener bien cubierto el tema penal en su vínculo con la protección
de los derechos humanos. Respecto de quien suceda a la ministra Sánchez Cordero
igualmente deberá ser alguien, preferentemente mujer, que pueda continuar con
la bandera de la defensa de los derechos de las mujeres al interior de la
Suprema Corte. La ausencia de la ministra Sánchez Cordero será muy notable en
medida que su sucesor(a) no consiga establecer los liderazgos en la materia.
El relevo se encuentra a
la vuelta de la esquina y tenemos que poner énfasis en que los sucesores cubran
los perfiles que dentro de la Suprema Corte desempeñaban los ministros
salientes, más allá de otro tipo de criterios que se manejan con frecuencia
como su procedencia de ámbito judicial, académico o su afiliación partidista.
Lo más importante es encontrar candidatos que tengan la capacidad de, en un
tiempo razonable, retomar los liderazgos que se ausentarán en noviembre de la
Suprema Corte.
Alberto Abad Suárez Ávila.
Coordinador de sociología del derecho del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM.
