El nombramiento de nuevos
integrantes de la Suprema Corte que el presidente y el senado tienen ante sí
puede ser objeto de análisis y comentario a muchos niveles. Como cada vez más voces hacen notar, hay motivos para cuestionar, por ejemplo, que el procedimiento constitucionalmente previsto sea adecuado, tanto desde la perspectiva de los
requisitos a satisfacer por los candidatos como desde la perspectiva de la identidad de los actores que intervienen en él (o no tienen esa oportunidad) y
de la articulación de sus atribuciones respectivas.
En esta nota me situaré en otro plano y me concentraré en sugerir algunos puntos que los legitimados para proceder a los nombramientos bajo el sistema tal y como está regulado ahora deberían tener cuidadosamente en cuenta. En breve, a mi juicio el presidente y el senado deben encarar la selección orientados por el ideal de la inobjetabilidad, porque sólo un esfuerzo sincero por lograr nombramientos tendencialmente inobjetables sería mostrar una sensibilidad mínima por la gravedad de la situación social y política en la que estamos inmersos y por la dimensión de los retos que (dentro y fuera de la Corte) esas ministras deberán encarar, con la Constitución en la mano. La idea es entonces sencilla y hasta suena demasiado obvia: ante una coyuntura extraordinaria, se impone un esfuerzo extraordinario por hacer nombramientos impecables, lo cual exige desterrar la actitud con que con frecuencia se han tomado estos procesos en el pasado.
Los políticos que ofician
de representantes nuestros —y en particular el ejecutivo— parecen haber
desarrollado en estos últimos tiempos una obsesión por negar lo evidente, al
costo que sea. La situación del país está marcada, como es sabido, por una
cifra de muertos y desaparecidos que hace palidecer lo ocurrido en las
dictaduras del cono sur a finales del siglo pasado; por el mantenimiento de
niveles de desigualdad enormes y por el aumento reciente de la pobreza extrema;
por un deterioro económico indisimulable, y por un aparentemente imparable
proceso de deslegitimación del aparato estatal, asociado a niveles inaceptables
de corrupción, violencia e impunidad. El gobierno, sin embargo, mantiene una
línea de discurso político y económico según el cual las cosas van bien o están
dentro de los parámetros ordinarios y el legislativo mantiene una actitud que
resulta en todo momento funcional a esta narrativa.
Es hora de dar un giro
copernicano y empezar a mostrar una aguda conciencia de la profundidad de los
problemas, en lugar de minimizarlos sistemáticamente. En el caso de los
nombramientos de la Corte, el presidente y los senadores deben demostrar tener
claro que la Corte a la que se integren las personas seleccionadas deberá
acompañar o liderar los procesos de gestión política y jurídica de los
problemas antes señalados, además de efectuar o —en lo que no puedan hacer
directamente— impulsar, cambios interpretativos y regulativos en el poder
judicial sin los cuales será igualmente muy difícil estar a la altura de las
circunstancias. Se trata de que reconozcan que tanto los ministros como ellos
enfrentan un abanico de retos extremadamente desafiante y de que, en
congruencia con ello, aspiren esta vez a hacer nombramientos inobjetables.
¿Pero qué es esforzarse
por hacer nombramientos tendencialmente inobjetables? A mi juicio, nos
acercaremos o alejaremos de la inobjetabilidad según el peso que se conceda a
una serie de factores que deben incluir, al menos, los siguientes:
1) Sensibilidad
constitucional. Dado que la Corte es una institución llamada a articular el
significado de la constitución, entendida como un instrumento que encauza la
disputa política y que debe ser siempre distinguible de ella, no hay que
nombrar esta vez personas que hayan sido cercanas a los juegos de la política
partidista tradicional. Hay que encontrar candidatas que parezcan ofrecer
garantías de poder colaborar en la construcción de un marco constitucional
plural con la menor influencia posible —consciente o inconsciente— de proyectos
políticos en disputa.
2) Equilibrio de género y
territorial-cultural. Doy por descontado que, bajo el estándar de lo
inobjetable, a la Corte ingresarán dos mujeres. Porque la cuestión no es
siquiera asegurar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el
llenado de las vacantes, sino asegurar que la composición de la Corte resulta
mínimamente congruente con una imagen general del tipo de sociedad que somos o
queremos ser —la mitad de la cual está compuesta por mujeres—. El presidente
debe, entonces, presentar ternas integradas exclusivamente por mujeres en esta
ocasión. Al final del proceso, tendremos todavía a una Corte con solo 3
ministras de 11, lo cual exigirá contemplar los nombramientos futuros bajo la
misma clave. Pero al menos los nombramientos serán inobjetables desde esta
dimensión, en el sentido que habrán impedido que la situación sea todavía más
vergonzosa. A ello debe añadirse la atención a otros factores que son siempre
relevantes en la integración de una institución que a veces opera como árbitro
en conflictos entre poderes públicos y otras —como he mencionado— hace valer
compromisos normativos que aspiran a ser reconocidos como valiosos por toda la
comunidad política, como son los vínculos territoriales y culturales de las
candidatas.
3) Entendimiento ciudadano
del derecho. El poder judicial mexicano está permeado, como sabemos, por
dinámicas y modos de pensar y hacer perfectamente identificables, en muchas
ocasiones no ajenas a la percepción ciudadana de que la justicia es inaccesible
e inentendible. Por supuesto, una trayectoria profesional en el poder judicial
garantiza familiaridad con un cierto conocimiento que en la Suprema Corte puede
ser útil. Pero dado que en la Corte actual ya hay suficientes ministros de
carrera judicial, considero que toca nombrar a personas de otra extracción
profesional.
4) Sensibilidad
socioeconómica. El trasfondo de las candidatas debe asegurar que tendrá la
empatía y el conocimiento empírico necesario para entender las exigencias de
proteger derechos y hacer justicia a las personas desaventajadas, en los
términos dispuestos en la constitución y los tratados. Ciertamente, que una
persona sea rica y lleve el tipo de vida que lleva la clase media-alta en
México no la descalifica automáticamente para ser buena juez constitucional, y
en circunstancias ordinarias esta dimensión no debería recibir demasiada
atención. Pero las circunstancias actuales no son normales. Dado que la Corte
deberá impulsar un complejísimo proyecto colectivo de desarticulación de
ventajas y jerarquías estructurales casi castistas, además de dar —esperemos—
un giro “republicano” a la institución, las nuevas ministras deben saber a
cuánto están el jitomate y el huevo, deben haber usado el transporte público y
no deben ser ajenas a lo que ocurre en hospitales y escuelas públicas,
especialmente fuera del DF. Las potenciales ministras deben ser muy conscientes
de que lo que unos pagan por un café en Starbucks supera lo que ganan al día
millones de mexicanos y ofrecer base para pensar que cuando se instalen en Pino
Suárez nº 2 y ganen lo que ganarán, no lo olvidarán del todo.
5) Honestidad y sustancia
profesional. El historial profesional de la candidata debe dar garantías de
honestidad profesional y debe reflejar una trayectoria marcada por el trabajo
sustantivo. Por ello no me parece conveniente en esta ocasión nombrar a una
persona con una trayectoria excesivamente corta que no permita evaluar el tipo
de vínculos profesionales que ha ido estableciendo. Hay que priorizar aquellas
personas que tengan pocas deudas con el tipo de intereses sociales, económicos
y políticos que no siempre quedarán contentos con su futura actuación en la
Corte.
Para mí, estos cinco
factores son más importantes en esta ocasión que la opinión de las candidatas
sobre el bloque de la constitucionalidad, el aborto o la posición de las leyes
generales. No es que estos asuntos me sean indiferentes, claro, pero creo que
las discusiones sobre temas constitucionales sustantivos no harán la
contribución esperada a nuestra vida colectiva si no se dan en el seno de un
Corte percibida como legítima por los ciudadanos. Y en la coyuntura actual,
creo que la Corte sólo conseguirá no perder la frágil legitimidad que ha ido
construyendo en estos años si el presidente y los senadores nombran a personas
sencillas, con un estilo de vida no plutocrático, y con una trayectoria
profesional que evidencie que no quedan deslumbradas por el poder, ni condicionadas
por su amistad con el establishment, y que han sido capaces de subordinar
el ingreso y la notoriedad a otros objetivos en la elección de los proyectos
profesionales en que se han involucrado.
La inobjetabilidad es, por
supuesto, un ideal regulatorio. No significa que los nombramientos no vayan a
ser objetados –siempre habrá alguien descontento. Acercarse lo más posible a
ella significa reducir lo más posible el número de argumentos que una ciudadanía
crecientemente indignada podría elevar ante la selección de las personas que
integrarán una institución tan importante para todos. El presidente y el senado
deben entender que los ciudadanos sabremos distinguir entre un buen esfuerzo y
un teatro vergonzoso, entre un nombramiento aceptable, o incluso bueno, o hasta
cercano a lo inobjetable, y uno impresentable, obsceno e irresponsable.
El presidente y el senado
deben entender también que, a estas alturas, aspirar a hacer nombramientos
inobjetables en la Corte es la única actitud racional para ellos. Hacer
nombramientos que aumenten la legitimidad de la Corte es el único modo de
empezar un camino que, con el tiempo, frene su propia pérdida de legitimidad.
Finalmente, una Corte legítima puede ocuparse de resolver problemas y aliviar
así algo de la presión que de otro modo recaerá sobre ellos. Un año después de
Ayotzinapa, si los políticos nos dieran la sorpresa de tomárselo en serio, de
intentar hacerlo bien, podríamos decir quizá que ya hemos tocado fondo, y que
estamos en el kilómetro cero del duro camino que habrá que recorrer para
reconstruir las bases de nuestra dignidad y bienestar colectivos.
Francisca Pou Giménez. Profesora
e investigadora de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM.
