El pasado 17 de
septiembre, la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJ) mandó una carta al
presidente de la República, solicitándole que las ternas de candidatos para
suceder a los ministros Sánchez Cordero y Silva Meza se compongan
exclusivamente de mujeres.
Esta no es la primera vez que un grupo de abogados o
un sector de la opinión pública manifiestan su inconformidad con la
visible minoría de mujeres que integran a la Suprema Corte.
Dos mujeres para 11
asientos es un número francamente vergonzoso para un espacio de deliberación
constitucional.
Es evidente que no basta que las candidatas a suceder a los ministros Sánchez Cordero y Silva Meza sean mujeres para que podamos afirmar que estamos ante buenos prospectos. Tras renunciar a la Corte estadounidense, el juez afroamericano Thurgood Marshall decía que no bastaba con que su sucesor fuese de raza negra, sino que fuera “the right black man”. Esto se debe a que, más allá de su género o raza, en gran medida lo que más importa son los antecedentes profesionales, así como las fobias y filiaciones partidistas, de quienes integran a nuestra Corte. Por ello, un ejercicio que puede resultar interesante es conocer precisamente los antecedentes profesionales de las poquísimas mujeres que han formado parte de nuestro tribunal constitucional.
La primera ministra de la
Suprema Corte fue María Cristina Salmorán de Tamayo (1918-1993), quien sería
designada en 1961. Cuando la ministra Salmorán se incorporó a la Cuarta Sala de
la Corte, entre abogados corría la tonta broma de estar litigando ante la
“Suprema Corte y Confección”. Para contextualizar la designación de esta
ministra, vale recordar que en 1955, apenas seis años antes, México celebró las
primeras elecciones en las cuales la mujer pudo ejercer su derecho al voto.
La ministra Salmorán cursó
la licenciatura en derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia,
titulándose con la tesis “La condición de las mujeres en el Derecho del
Trabajo”. Desde entonces consagró su vida entera al derecho laboral, asumiendo
diversos cargos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, hasta que en
1954 fue designada presidenta de la misma (cargo que por primera vez ejerció
una mujer).
La siguiente mujer
designada fue la abogada de PEMEX Livier Ayala Manzo (1915-1976), quien,
lamentablemente, nunca pudo resolver ni una sola sentencia en el tribunal
constitucional. En 1976, al día siguiente de habérsele notificado su
designación, la Ministra Ayala falleció.
También en 1976 el
presidente López Portillo designó a otra mujer al cargo: Gloria León Orantes
(1916-1984) quien hasta entonces se había desempeñado como agente del
Ministerio Público y juez del fuero común en el Distrito Federal.
A finales de los años 40,
la Suprema Corte enfrentaba un enorme problema de rezago. A fin de combatir
dicho problema, en 1951 se reformó la Constitución para incorporar a la Corte
cinco ministros supernumerarios, los cuales no participaban en las decisiones
del Pleno sino únicamente en aquellas de la Sala Auxiliar. Al llegar a la
Corte, la ministra León Orantes quedó adscrita a ésta, aunque en 1979 sería
designada numeraria y miembro de la Tercera Sala.
En 1983, a propuesta del
presidente De la Madrid, fue designada Fausta Moreno Flores. La ministra
Moreno, adscrita a las Salas Segunda y Cuarta, había sido Secretaria de Estudio
y Cuenta en la propia Corte, así como Juez de Distrito en materia
administrativa.
En 1985, se propuso al
cargo a la ministra Victoria Adato Green(1939- ), abogada penalista muy activa.
Antes de llegar a la Corte, la ministra Adato Green trabajó como agente del
Ministerio Público, juez y magistrada penal en el Distrito Federal,
Subprocuradora y, posteriormente,
Procuradora de Justicia de la ciudad de
México.
Tras la reforma
constitucional de 1994, la ministra Adato Green se retiró de la Suprema Corte,
incorporándose como investigadora al Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM y asesora de la CNDH.
Si bien en 1985, la
ministra Adato Green fue designada ministra numeraria, el mismo año se integró
a la Corte como supernumeraria la agrarista Martha Chávez Padrón (1925- ),
primera doctora en derecho “con mención honorífica” de la UNAM. Además de haber
fungido como asesora en materia agraria de varios presidentes de la República y
órganos públicos, la ministra Chávez Padrón fue Senadora y Diputada federal por
el PRI.
También como
supernumeraria se integró en 1987 a la Corte la ministra Irma Cué Sarquis de Duarte
(1938- ). Al igual que la ministra Chávez Padrón, Cué fue diputada federal por
el PRI, así como dirigente de la CNOP y Secretaría General del Comité Ejecutivo
Nacional del mismo partido.
El presidente De la Madrid
propuso para el cargo de ministro de la Suprema Corte a un total de cinco
mujeres, la última de las cuales fue Clementina Gil Guillén de Léster (1937- )
en 1988. Gil Guillén fue también una ministra de carrera judicial, al haber
recorrido casi cada uno de los peldaños del escalafón judicial del fuero común,
de secretaria auxiliar a magistrada del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal.
La siguiente mujer
designada como ministra fue Olga Sánchez Cordero, reconocida como “abogada” de
los derechos de las mujeres. La ministra Sánchez Cordero, al igual que todas
sus antecesoras, estudió la licenciatura en derecho en la UNAM y, después,
cursó estudios de posgrado en la University College of Swansea. Antes de
incorporarse a la Corte, Sánchez Cordero fue la primera mujer notario en el Distrito
Federal y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad.
Así, la última mujer
designada al cargo (y quien continuará en funciones hasta 2019) es Margarita
Luna Ramos, mujer chiapaneca formada completamente en el Poder Judicial de la
Federación: ha sido oficial, actuaria, secretaria de juzgado, secretaria de
tribunal colegiado, secretaria de estudio y cuenta, Juez de Distrito,
Magistrada de Circuito y Consejera de la Judicatura Federal.
Estoy seguro de que son
muchas las voces que exigen una Suprema Corte más igualitaria. Pero, nunca está
de más una pregunta no menor: ¿a qué mujeres queremos para ocupar el
importantísimo cargo de jueza constitucional?
Julio Martínez Rivas,
Abogado (ITAM)
