El IFE se fundó en 1990 en
un contexto de desconfianza de la oposición con respecto al PRI- gobierno que
era encargado, a través de la Secretaría de Gobernación, de todas las funciones electorales, incluida la elaboración del padrón.
Para construir la
credibilidad del sistema electoral se les otorgó a los partidos políticos el
derecho a recibir una copia que pudieran revisar. De esta forma se asegura la
calidad del instrumento.
De entonces para acá hay
tres cambios fundamentales que nos obligan a cuestionarnos si debemos mantener
el privilegio de los partidos de tener acceso irrestricto a la base de datos personales de 90 millones de mexicanos.
El primer cambio tiene que
ver con la propia autoridad electoral. Se formó el IFE, se rehízo el padrón, en
1996 se le dio autonomía constitucional al Instituto, con lo que se separó
definitivamente de la Segob. Hoy tenemos un padrón de calidad en el que creemos
los mexicanos, prueba fehaciente de esta confianza es que la credencial para
votar es la identificación oficial por excelencia. En general no se duda de su
validez.
En segundo lugar, ni el
INE ni los partidos pueden ignorar que actualmente es obligación tanto del
Estado así como de los particulares (bancos, empresas, escuelas, etcétera), la
protección de los datos personales de los mexicanos. La primera disposición
legal al respecto apareció en 2002 en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información, posteriormente se elevó a rango constitucional y, desde 2010, se
extendió la obligación a los particulares.
Tercero, debemos tomar en
cuenta la acelerada evolución tecnológica. Sin disminuir el derecho de los partidos
a vigilar la calidad del padrón, el INE podría diseñar métodos alternativos que
permitieran acciones de revisión sin que la base de datos saliera de los
servidores de la propia institución.
Estas tres razones
deberían ser suficientes para restringir severamente el acceso de los partidos
políticos al padrón electoral, sin poner en riesgo su calidad y confianza. ¿Por
qué algo tan sencillo encuentra tanta resistencia de los propios partidos? La
única respuesta es que son ellos los que utilizan el padrón para diseñar sus
políticas clientelares, ubicar a votantes y posibles simpatizantes y visitarlos
en sus domicilios o enviarles tarjetas promocionales. Se niegan a revisarlo
desde las oficinas del INE, para que no se les pueda demostrar el uso indebido,
cuando no francamente ilegal.
Tres veces ha aparecido
esta base de datos completa en servidores en el extranjero, una en 2001, cuando
la base fue vendida a Choice Point por una empresa que prestaba servicios a la
Segob. La segunda fue en 2013, la investigación del INE determinó que la fuga
del padrón provenía del partido Movimiento Ciudadano, le fincó
responsabilidades e impuso una multa. El caso está pendiente de la decisión
última del Tribunal Electoral. Ayer, Dante Delgado, presidente de MC, asumió la
responsabilidad de la fuga de la semana pasada, cuando apareció el padrón
completo en los servidores de Amazon.
En 2013 el Instituto trató
de incrementar los controles al uso del padrón, fue imposible expedir
lineamientos para ello. Con el argumento, cierto, de que la ley obligaba al INE
a entregárselos, todos los partidos en bloque se opusieron a cualquier medida
de seguridad. Lo único que se pudo hacer fue marcar con huellas electrónicas
las copias que se entregan a cada partido para poder identificar la fuente de
la fuga.
Está por aprobarse la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, es decir,
en posesión de cualquier entidad del Estado, lo que incluye a los partidos,
inexplicablemente ésta es mucho menos severa que la que obliga a los
particulares y que castiga con cárcel una irresponsabilidad como la de MC.
Ni los partidos políticos
ni el INE ni el Estado mexicano pueden arriesgarse a que, por falta de
confianza, los mexicanos dejemos de inscribirnos en el padrón electoral y único
registro poblacional confiable de los mayores de 18 años. Imponer restricciones
a los partidos se ha convertido en materia de seguridad nacional, ¿cómo cambiar
la ley a pesar de ellos?
María Marván Laborde
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
