En el marco del Día
Mundial del Medio Ambiente, conmemorado el pasado 5 de junio, es importante revalorar el papel de los defensores del derecho humano a un medio ambiente
sano, sobre todo teniendo en cuenta las constantes amenazas, hostigamientos y
actos de violencia que son perpetrados en su contra.
Los cuales, en muchas
ocasiones, no son prevenidos y sancionados de manera efectiva por parte del Estado.
En principio es necesario
recordar que el derecho a participar en la protección del medio ambiente ha
sido reconocido por la propia Asamblea General de las Naciones Unidas en el
instrumento conocido como la Carta Mundial de la Naturaleza, documento en el que se precisó que toda persona
“tendrá la oportunidad de participar, individual o colectivamente en la
preparación de las decisiones que conciernan directamente a su medio ambiente,
y cuando éste haya sido objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos
necesarios para obtener una indemnización”.
Por otro lado, hay que
tener en cuenta que efectivamente son los defensores del medio ambiente las
personas que principalmente llevan a cabo todas las denuncias y ejercen todos
los remedios judiciales para mantener los recursos naturales libres de toda
invasión perniciosa. Por tanto, dichos activistas son el principal blanco de
inversionistas que actúan al amparo de tratados de libre comercio, ya que en la
mayoría de los casos son las actividades extractivas de empresas extranjeras
las que desencadenan el impacto ambiental no deseado.
De acuerdo con el Segundo
Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos
Humanos en las Américas(1), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
señaló que en México, durante el período de 2006 a 2012, “habrían sido
asesinados cuando menos 12 personas, que incluyen tanto funcionarios públicos
como personas civiles, defensoras del derecho al medio ambiente”. Lo anterior
pone de relieve la gravedad de la situación de los activistas, ya que incluso
personal de la propia Procuraduría Federal de Protección al Ambiente habría
sido agredido por realizar sus funciones protectoras encomendadas por ley.
En este contexto, es importante
tener en cuenta que el Estado no puede ser únicamente testigo ante esta
problemática, sino que “está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente,
las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los
medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de
su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las
sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”(2).
Por tanto, hay que considerar que existe un deber por parte de las autoridades
de prevenir las violaciones de los derechos humanos de los defensores del medio
ambiente. En este sentido, si dichas violaciones se materializaran, podría
estimarse que sería con la aquiescencia del Estado, toda vez que existe una
obligación positiva por parte de éste de actuar para prevenir transgresiones de
derechos humanos.
Ahora bien, es importante
mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el
hecho de que las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos no
sean perseguidas y sancionadas con eficacia produce un efecto amedrentador o
intimidatorio para los demás activistas que son testigos de dichos actos de
violencia(3). Por tanto, es necesario destacar que la falta de una investigación
robusta por parte del Estado para prevenir y sancionar las violaciones de los
derechos humanos de los ambientalistas inhibe la denuncia de actos contrarios
al medio ambiente por parte de otros protectores del ecosistema –lo cual, por
cierto, debilita su presencia como actores en la preservación medioambiental.
Por otro lado, si bien se
destaca la existencia de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación
en 2012, así como las medidas cautelares que pueden ser solicitadas a los
organismos garantes del sistema interamericano, no hay que pasar por alto que
dichas soluciones no han sido suficientes para proveer un verdadero sistema que
proteja de manera efectiva a las personas defensoras del medio ambiente.
Finalmente, se menciona
que representantes
de Naciones Unidas manifestaron, con motivo de la conmemoración del Día
Mundial del Medio Ambiente, que mujeres y hombres son amenazados, detenidos
ilegalmente, e incluso asesinados, simplemente por oponerse a la destrucción de
los recursos naturales. En este contexto, para evitar violaciones de los
derechos humanos de las personas defensoras es necesario que el Estado provea
un sistema efectivo que sancione todo tipo de agresiones contra ellas, pero
sobre todo que prevenga activamente cualquier posible amenaza derivada de sus
actividades protectoras del medio ambiente.
Héctor Ivar Hidalgo Flores.
Abogado postulante en materia constitucional.
