En uno de los momentos más
delicados que ha enfrentado la actual administración del gobierno federal,
debido al caso Iguala, el presidente Enrique Peña Nieto anunció, a finales de
2014, un paquete de 10 acciones para apuntalar la justicia, seguridad y Estado
de derecho del país.
Entre éstas, Peña Nieto subrayó la necesidad de una agenda
legislativa para fortalecer la justicia cotidiana —ésa que vivimos los
ciudadanos de a pie, que en principio debe resolver varios de nuestros
problemas diarios, pero que se caracteriza por su lentitud, complejidad, costo
e inoperancia.
El proceso para armar esta
agenda legislativa no fue sencillo: el primer paso consistió en la elaboración,
a petición del propio presidente Peña, de un diagnóstico bastante minucioso por
parte del CIDE. Luego, con este documento como sustrato, el gobierno federal
organizó un conjunto de mesas temáticas, integradas por académicos y
funcionarios públicos, con el propósito de perfilar soluciones al abanico de
problemas hallados. El resultado de estos trabajos es un ambicioso paquete
legislativo que recién envió el Ejecutivo al Congreso. Se trata de un conjunto,
bien cimentado, de iniciativas de reformas constitucionales, legales y un
decreto presidencial que plantean soluciones para no pocos de los obstáculos
que enfrentan millones de mexicanos al intentar resolver algunos de sus
conflictos cotidianos. Cierto: varios de los aspectos técnicos de estas
propuestas son perfectibles, pero sin duda tienen el tino de enfocarse en
asignaturas pendientes medulares.
Una iniciativa de ley, por
ejemplo, busca responder a la necesidad de proteger mejor los servicios médicos
creando, por un lado, la Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de
los Establecimientos y Servicios de Atención Médica, cuya tarea consistiría en
garantizar la calidad de la atención médica, asegurar estándares mínimos de la
práctica médica, así como ofrecer seguridad a los usuarios frente a los
servicios médicos, y por el otro, se sugiere fortalecer el arsenal de
facultades de la Comisión Nacional de Arbitraje para que sea capaz de proteger
de manera efectiva y ágil el derecho a la salud de la población, mediante
procedimientos de mediación, conciliación y arbitraje, además de tener la posibilidad
de intervenir —sin que nadie presente una queja o denuncia— en asuntos médicos
de interés general.
En cuanto a los juicios
mercantiles, se plantea una serie de ajustes encaminados a reducir los altos
costos de transacción que tradicionalmente conllevan estos litigios y, de esta
manera, incentivar el desarrollo económico del sector empresarial. Para ello se
propone extender los juicios orales mercantiles a todo el país, sin importar la
cuantía que esté en juego en el conflicto, agilizar los procesos para aclarar y
ejecutar las sentencias, establecer candados para que los juicios no se
alarguen demasiado tiempo de manera innecesaria, así como rediseñar varias de
las etapas de este proceso judicial de acuerdo a una lógica ejecutiva.
Otra trinchera de este
paquete legislativo tiene que ver con la mejora regulatoria y, en concreto, con
dos fallas que urge superar: la complicada coordinación en este rubro entre las
autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y el hecho de que si bien ha
habido avances en la implementación de mejores prácticas regulatorias, éstos se
han circunscrito a tan sólo una parte de la administración pública federal
dejando fuera al resto de las instituciones del Estado mexicano. En respuesta,
se sugiere reformar el texto constitucional para otorgarle al Congreso la
facultad de diseñar una ley de mejora regulatoria que establezca un piso
normativo común entre todas autoridades para emitir normas en esta materia, a
partir de una misma metodología y criterios de evaluación. En este sentido, se
propone a su vez crear un Catálogo Nacional de Trámites y Servicios, donde se
incluyan cada uno de los trámites y servicios federales, estatales y
municipales. De tal manera que, a través de las tecnologías de la información,
este Catálogo limite la discrecionalidad de la autoridad y evite que agregue
trámites innecesarios para cierto servicio o, en su caso, los aplique de manera
distinta.
Una dificultad no menor
que ataca este abanico legislativo es la condición de marginación jurídica en
la que viven miles de mexicanos. Esto es, personas que carecen de documentos
oficiales básicos para acreditar su identidad, estado civil y propiedades,
situación que se traduce a su vez en una barrera para gozar de manera
satisfactoria del acceso a la justicia, la seguridad jurídica y del derecho a
la propiedad privada. Vale subrayar que esta marginación es resultado, en buena
medida, de las disímiles regulaciones de los registros civiles en las entidades
federativas, las dificultades geográficas para acceder físicamente a estas
oficinas, así como los costos económicos de estos trámites. Se sugiere,
entonces, reformar el texto constitucional para otorgarle a los legisladores la
facultad de expedir una legislación con miras a armonizar la organización y
funcionamiento de los registros civiles en las entidades federativas.
Saúl López Noriega.
Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE
