El juez es neutral,
alguien que juzga objetivamente el conflicto específico que tiene ante sí.Aharon Barak
Se encuentra en proceso la
renovación de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Al respecto, consideramos que
para saber qué se debe privilegiar y cuáles son los retos que debe enfrentar la
nueva integración de magistrados de la Sala Superior se debe revisar el trabajo
y contribuciones de los jueces que están por concluir sus cargos y realizar reflexiones en torno a ello.
A lo largo de estos 10
años, se han realizado tres elecciones federales, dos de ellas únicamente de
diputados y una de la totalidad del Congreso de la Unión y presidente de la
República y muchos procesos locales. Asimismo, tuvieron lugar dos reformas
electorales constitucionales y legales; la de 2007-2008 y la de 2014 que transformaron
significativamente las reglas de la competencia electoral. Durante este tiempo,
las Salas Regionales dejaron de ser temporales y se volvieron permanentes y, al
menos en una ocasión, se renovaron de manera total y otra parcial. También se
creó la Sala Especializada y se designó a sus tres magistrados quienes fueron
designados escalonadamente por periodos de 3, 6 y 9 años. Esto implica que, en
este periodo el TEPJF ha incrementado su estructura y burocracia.
En esta década hemos
presenciado lo que se ha llamado el fenómeno de la judicialización de la
materia electoral. Lo que alude a un incremento en el número de disputas de
tipo electoral que son resueltas en el ámbito judicial.
Aunque simultáneos, los
incrementos en carga laboral y presupuesto no se corresponden de forma
idéntica. En los últimos años, el presupuesto del TEPJF -incluye a la Sala
Superior y a las Salas Regionales- se ha incrementado en un 250%, aunque el
promedio del número de asuntos que resuelve la Sala Superior en lo individual
es similar, con excepción del año 2009. El presupuesto del TEPJF es controlado
por los magistrados de la Sala Superior quienes conforman la Comisión de
Administración y designan a la estructura administrativa de la institución.
En el aspecto
jurisdiccional, resulta indiscutible la contribución que dejan los magistrados
que están por dejar sus cargos, algunos de los criterios que sostuvieron en sus
sentencias se convirtieron en ley y representan una buena expresión de la
contribución de los jueces electorales a la democracia. Pero hay también
importantes cuestionamientos a su trabajo y a criterios que han adoptado.
En la primer caso
encontramos el papel que la Sala Superior realizó en temas de género, a partir
de lo cual existe una mayor participación política de las mujeres en la
postulación de las candidaturas, lo cual además se ve reflejado en la
integración de diversos órganos colegiados en el país como congresos y
cabildos. El avance se debe en gran medida a los criterios que ha asumido la
Sala Superior para promover condiciones de acceso para que las mujeres ocupen
cargos públicos, los cuales le han valido en dos ocasiones que sus sentencias
sean nominadas por Women’s Link Worldwide —organización internacional
que trabaja a favor de la justicia con perspectiva de género— como los mejores
fallos en materia de género, ello fue en 2010 y 2015.
También destaca la labor
que ha hecho respecto de la protección de los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas, ha generado condiciones para que algunos ayuntamientos
como Cherán transiten pacíficamente de un sistema electoral de partidos
políticos a uno regido por usos y costumbres. En este ámbito su labor no se ha
limitado a lo jurisdiccional, también ha fomentado la capacitación a través de
la impartición de cursos y la elaboración de la Guía de actuación para
juzgadores en materia de Derecho Electoral Indígena. Sin duda estos dos temas,
género y derechos indígenas, son grandes contribuciones de la integración que
concluye.
Por otro lado, el
activismo judicial también tiene expresiones negativas, como ocurrió
recientemente con el caso de David Monrreal (aquí se puede leer un análisis
del caso) en el que los magistrados consideraron que una regla en materia de
fiscalización era excesiva y dejaron de aplicarla, lo que ocasionó que el
candidato involucrado no perdiera el registro (como correspondía) ante la falta
de presentación de lo informe de gastos de precampaña que estaba obligado a
rendir, con esa decisión se ignoró el objetivo y uno de los pilares —informes—
del nuevo sistema de fiscalización que pretendió la reforma electoral de 2014.
Otra de las críticas de
las que han sido objeto en varias ocasiones es la relativa a la falta de
certeza a los justiciables al cambiar de forma inentendible de criterio en
casos similares, sin justificar la decisión, lo cual genera desconfianza e
incertidumbre jurídica que no es buena en ninguna democracia, sobre todo cuando
se trata de sentencias sin fundamentos jurídicos ni motivaciones, que no
reflejan de forma clara el sustento de la decisión. Un ejemplo de ello son las
distintas resoluciones relacionadas con multas al Partido Verde Ecologista de
México (especialmente el SUP-RAP-35/2012); la nulidad de la elección de
gobernador de Colima (SUP-JRC-678/2015 y acum.); el asunto en el cual se
discutió la perdida de registro del Partido del Trabajo (SUP-RAP-756/2015); así
como la nulidad de la elección del 01 distrito electoral federal de
Aguascalientes (SUP-REC-503/2015), entre otras que han sido sumamente
cuestionadas.
Todo ello, está
documentado en publicaciones como Democracia sin garantes coordinada
por Pedro Salazar y Lorenzo Córdova, entonces investigadores del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el cual fue publicado en 2009 o La
(in)justicia electoral a examen, coordinado por Hugo Concha y Saúl López
Noriega, investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y
del CIDE, respectivamente, de próxima publicación. En ambos libros, a partir de
un análisis que hacen diversos autores sobre sentencias emitidas por la Sala
Superior se crítica la falta de certeza que ha provocado la Sala Superior.
La actuación de los
juzgadores que están por concluir sus nombramientos no ha estado exenta de
escándalos, como es el caso de la adquisición de un edificio a un sobreprecio
en el que la entonces coordinadora de asesores del magistrado presidente Flavio
Galván Rivera —se dijo— buscó cobrar una comisión, la cena sostenida en
vísperas del proceso electoral de 2012 entre la magistrada María del Carmen
Alanís y Enrique Peña Nieto, o el intento de introducir en la reforma
electoral de 2014 un haber de retiro que garantizaba una pensión para los
magistrados una vez que concluyera su encargo.
Equipo del observatorio
electoral de Strategia Electoral.
