La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), a un año de sucedidos los hechos del 26 y 27 de
septiembre de 2014, que dieron origen al que se ha denominado como “Caso
Iguala”, reitera su apoyo y acompañamiento a las víctimas y se solidariza con
las preocupaciones que las mismas, diversas organizaciones sociales y varios
sectores de la sociedad han expresado sobre la falta de esclarecimiento de
tales hechos, en particular por lo que hace a la investigación que lleva a cabo
la Procuraduría General de la República (PGR) la cual a la fecha no ha arrojado
resultados concluyentes. Por tal motivo, considera pertinente señalar:
1. La búsqueda de la verdad en este caso es un reclamo de las víctimas y de la sociedad. Para quienes desde el ámbito de los derechos humanos intervenimos en este asunto, hacer efectivo el derecho a la verdad es también una prioridad jurídica, histórica, ética y de trascendencia para la dignidad nacional. La verdad en este caso es una, y su consecución debe ser el objetivo común para todos quienes investigamos estos hechos. La voluntad política expresada a favor de la verdad y la justicia debe encontrar expresión en avances concretos y objetivos de la investigación.
2. Es preciso reconocer
que las estructuras estatales no pudieron impedir la complicidad de la
delincuencia con algunas autoridades y a la fecha no han podido deslindar las
responsabilidades correspondientes ni que todos los que participaron en los
hechos sean consignados.
3. Es necesario impedir el
uso político de estos hechos, así como evitar cualquier distorsión que se
pretenda dar a los mismos y que contamine la investigación que se lleva a cabo.
Nuestro compromiso con la verdad, con la justicia, con las víctimas y con la
memoria de aquellos que perdieron la vida, nos impone asumir lo anterior como
una premisa.
4. Es momento de dejar de
lado descalificaciones y sumar nuestros esfuerzos para avanzar en la
realización de la investigación con el rigor, objetividad, responsabilidad y
profesionalismo que el caso requiere. Para ello, es preciso que se continúe con
la atención de las observaciones contenidas en el documento denominado “Estado
de la Investigación del Caso iguala”, que presentó este Organismo Nacional, el
pasado mes de julio (cuya respuesta por parte de la PGR se está valorando), así
como que se tomen en consideración las recomendaciones hechas por el Grupo de
Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en
el Informe que rindió en fecha reciente.
5. El esclarecimiento de
este caso sólo se logrará con los elementos concretos que se desprendan de una
investigación científica y exhaustiva de los hechos, que adminicule todos los
elementos probatorios que obren en el expediente mediante un análisis integral,
lógico y objetivo de los mismos. Los rumores, suposiciones infundadas y
especulaciones, además de confundir a la opinión pública, desvirtúan las
investigaciones, propiciando la demora en la conclusión de las mismas y que los
hechos permanezcan impunes.
6. Es necesario dar
transparencia, certidumbre y continuidad a la investigación que lleva a cabo la
PGR, con independencia de las decisiones administrativas o burocráticas que
para el mejor trámite de la misma se tomen, las cuales, en modo alguno deben
ocasionar dilación o afectar el debido curso de la misma. 7. Sería pertinente
efectuar una revisión integral del expediente integrado por la PGR, a efecto de
detectar omisiones o irregularidades que en todo caso tendrán que ser
investigadas y, eventualmente, sancionadas conforme a derecho.
8. La coadyuvancia de las
víctimas en la investigación que lleva a cabo la PGR es un derecho reconocido
por la normativa actual en la materia, con base en el cual se pueden
implementar mecanismos que permitan que la indagatoria del caso se enriquezca
con aportaciones y opiniones de expertos que acudan en apoyo y cuenten con la
confianza de las víctimas. Con ello también se abonará al seguimiento y
transparencia de la propia investigación.
9. Es prioritario que las
instancias competentes avancen en el reconocimiento y atención de las víctimas.
10. La comunicación
respetuosa y constante con las víctimas, en un contexto de dignidad y respeto,
son cuestiones necesarias que contribuyen a la consecución de las metas comunes
de verdad, justicia y reparación. En razón de ello, se formula un exhorto al
Gobierno Federal para que dé respuesta puntual a los planteamientos hechos por
los padres de los estudiantes desaparecidos, sus representantes y diversas
organizaciones sociales, en la carta que entregaron con motivo de la reunión
sostenida el pasado 24 de septiembre.
11. No podemos permitir la
impunidad en este caso ni en ningún otro. Por el contrario, la investigación de
este asunto debe volverse un referente sobre el compromiso y capacidades del
Estado y de la sociedad mexicana con la justicia y el respeto de la dignidad
humana. Recuperar la credibilidad de la sociedad en sus instituciones requiere,
entre otras cosas, que las autoridades competentes den una respuesta debida a
la demanda de justicia y de verdad que los mexicanos tenemos en relación con
este caso.
12. El “Caso Iguala” es un
expediente abierto, cuya investigación continúa, en la cual se debe considerar
toda línea sustentada en elementos objetivos y no se dará por concluida hasta
que se haya esclarecido el destino de los normalistas desaparecidos y tanto las
víctimas, como la sociedad en general, tengan conocimiento de la verdad sobre
los hechos acontecidos antes, durante y después del 26 y 27 de septiembre en el
Estado de Guerrero. Con ello se propiciará la reparación del daño a las
víctimas, así como que los responsables de tales actos respondan de los mismos
ante las autoridades competentes y reciban la sanción que corresponda conforme
a derecho.
La verdad, la justicia y
la reparación no pueden subordinarse a ningún tipo de interés o prioridad
diversa. Nuestra indignación y nuestro compromiso en favor de esas causas deben
verse reflejados y encontrar correspondencia en los hechos. La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos continuará con su investigación objetiva,
profesional y responsable en el ámbito de su competencia y estará atenta y dará
seguimiento al desarrollo de las acciones que lleven a cabo las autoridades con
relación a este caso. No debe haber impunidad ni tampoco olvido. Los hechos de
Iguala deben ser el parteaguas que nos lleve a renovar el compromiso que, como
autoridades y sociedad, tenemos en favor del respeto a la dignidad humana y la
vigencia del Estado de Derecho.