A pesar del enorme interés
que ha generado el tema de la transparencia en nuestro país desde hace años, el cual ha resultado en una creciente exigencia para transparentar muchísimos de
los vericuetos de los poderes ejecutivo y legislativo a través de sofisticados sistemas de información pública, lo cierto es que un personaje ausente en este
proceso de transparencia es el poder judicial. O, más bien, los poderes
judiciales tanto federal como locales. El siguiente texto, en este sentido, a
partir de algunos datos empíricos, traza las coordenadas de una de las grandes
asignaturas pendientes de la consolidación democrática del país: acabar con la
opacidad en los poderes judiciales.
Disculpe, ¿Usted sabe cuál
es el órgano encargado de impartir justicia en México?
14 de cada 24 personas
contestaron no conocer a quien le toca impartir justicia en México; el panorama
para las mujeres involucradas en algún proceso de justicia no es mejor, pues de
16 mujeres entrevistadas, 11 manifestaron no tener confianza en el órgano
encargado resolver con justicia el conflicto en el que están inmersas.
Los Poderes Judiciales del
país trabajan en un cuarto oscuro, donde la ciudadanía y las personas usuarias
del sistema de justicia, no alcanzamos a conocer, ni entender, mucho menos
evaluar el funcionamiento del Poder Judicial. En resumen, no sabemos qué
tipo de justicia estamos recibiendo.
“El juez sólo habla
a través de sus sentencias” según cuenta un viejo dicho judicial. Entonces poco
nos están hablando cuando no tenemos constancia de las sentencias que emite el
Poder Judicial. La ley obliga de manera expresa a 30 de los 32 estados del país
a publicar sentencias judiciales, pero ninguno de estos sujetos obligados
cumple con sus obligaciones de manera óptima e idónea. Las sentencias
judiciales son una parte de lo que se esconde al interior de los recintos de
justicia.
¿Cómo saber si el Poder
Judicial de las entidades federativas cumple con su obligación de proteger,
promover, garantizar y respetar los derechos humanos y, en especial, de aplicar
el principio de igualdad como no discriminación contenido en el artículo 1º
constitucional, si no tenemos acceso a la evidencia de su trabajo?
Desde 2012, la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y las leyes
locales que regulan las obligaciones de sus respectivos poderes judiciales,
obligan a la transparencia judicial, a través de la publicación de sentencias,
que responde al derecho humano a la información (Art.6 de la Constitución). En
la práctica aún es una aspiración.
¿Por qué es importante que
el Poder Judicial haga públicas sus sentencias?
En primer lugar, para
generar confianza. La falta de transparencia genera desconocimiento y
desconfianza en la ciudadanía con respecto a la función esencial del Poder
Judicial. Que la ciudadanía tenga acceso real al trabajo y los procesos
relacionados con la impartición de justicia, la solución de conflictos, y
la garantía del equilibrio entre órganos democráticos que integran al Estado es
esencial para el ejercicio real de la democracia.
En segundo lugar, no
saber, implica no exigir. No tener acceso a las sentencias judiciales, impide a
la ciudadanía conocer el tipo de justicia que la sociedad recibe por parte del
poder judicial. Sin datos no hay monitoreo o control ciudadano dirigido a este
órgano y, por tanto, no hay posibilidad de exigencia de los derechos.
Además, la falta de
transparencia genera un clima propicio para la corrupción, donde no hay
posibilidad de auditorías ni mecanismos de observación y control ciudadano, que
limiten o sancionen el abuso de poder por parte de éste órgano.
La participación
ciudadana, en cuanto al acceso a la justicia, aumentaría. La falta de
transparencia obstaculiza la participación de actores de la sociedad civil en
la construcción colectiva de soluciones y en diagnosticar la situación de la
justicia con respecto a los derechos humanos, perspectiva de género,
discapacidad, interculturalidad, etc.
La sociedad civil puede y debe tomar el
papel de monitorear el trabajo del poder judicial. Derivado de esta idea han
surgido iniciativas como los observatorios ciudadanos de sentencias judiciales
en México y en toda la región; sin embargo, el principal obstáculo para
continuar con ésta labor, es la falta de transparencia en sentencias
judiciales.
La falta de transparencia
nos impide evaluar el correcto funcionamiento, permanencia y adecuado ascenso
en la carrera judicial de las personas impartidoras de justicia. De esta forma,
la transparencia en el Poder Judicial está directamente relacionada con frenar
el camino de la corrupción, el amiguismo y el partidismo.
Dado que el derecho es un
producto cultural inmerso en el sistema patriarcal, la transparencia se
convierte también en una herramienta para garantizar la impartición de justicia
con perspectiva de género. Enviar mensajes correctos por parte del Poder Judicial,
a sus interlocutores es parte de su obligación de promover los derechos
humanos, en especial el de las mujeres y grupos excluidos del estatuto
jurídico.
Y, por último, el
funcionamiento abierto del Poder Judicial genera capacidad de cambio y transformación
en las prácticas de impartición de justicia. La difusión de argumentos
judiciales que den ejemplo de buenas prácticas, argumentos novedosos que rompan
con la tradición jurídica de formato, legaloide e insensible al contexto y
situación particular de la persona justiciable cobra especial relevancia en
nuestro sistema judicial.
La reforma constitucional
de junio de 2011 cambió el paradigma en la impartición de justicia ampliando
las dimensiones de protección de los derechos. Ahora los criterios y principios
jurídicos de igualdad sustantiva y no discriminación reivindican el acceso a la
justicia para aquellas personas y grupos históricamente discriminados.
A raíz
de ésta reforma, ha habido innumerables esfuerzos por parte de los tribunales,
Institutos de la Mujer, organizaciones civiles y academia para fortalecer los
conocimientos y herramientas jurídicas de las personas juzgadoras. Sin el
elemento transparencia en sentencias judiciales la sociedad no tendrá
indicadores objetivos para saber si la práctica judicial está evolucionando
hacia la protección de los derechos humanos.
El lenguaje jurídico es la
cortina que cubre la caja negra
De 16 mujeres involucradas
en procesos judiciales de índole familiar que entrevistamos, únicamente 1
manifestó conocer el significado de una serie de palabras habituales en
cualquier proceso judicial.
El conocimiento abierto en
relación a las sentencias judiciales es sólo el primer paso. Que las sentencias
estén publicadas genera confianza, posibilidad de control y reduce la
corrupción, pero no facilita la comprensión ciudadana sobre contenido y alcance
de las sentencias.
El lenguaje poco accesible
y técnico utilizado tradicionalmente en el ámbito del derecho nos presenta un
nuevo reto: “traducir” los mensajes esenciales a la población en general, con
la finalidad de acercar la justicia a la ciudadanía y garantizar así la
exigencia de sus derechos.
Transparencia es publicar
sentencias judiciales, es hacerlas accesibles a todo tipo de público, y
también es romper con los “mitos sobre la ley o la justicia”. Un lenguaje más
accesible generaría mayor conocimiento sobre el sistema judicial, para que, por
ejemplo, los medios de comunicación no difundan ideas confusas o estereotipadas
sobre los derechos que les corresponden a hombres y mujeres.
Es importante que los
medios, como agentes de socialización, también asuman su parte de
responsabilidad y no encontremos mensajes que difundan información falsa, como
que es delito el abandono de hogar para mujeres, incluso en casos de violencia,
cuando pretenden salirse de tal situación; o encabezados de noticias que
clasifican el feminicidio como un “crimen pasional”, y minimicen el
hecho en función de la “emoción” violenta del hombre, sin contar con fuentes
expertas que permitan un mayor entendimiento de la violencia de género como
pandemia social.
En este contexto, es
urgente que los Poderes Judiciales implementen políticas de transparencia en
sentencias judiciales de manera proactiva y creativa, y que se generen
sinergias con organizaciones de la sociedad civil para la creación de
mecanismos de monitoreo social y control ciudadano. La impartición de justicia
y el trabajo del Poder Judicial son un servicio público y, como tal, no pueden
mantenerse alejado de la sana crítica y escrutinio social.
Fátima Gamboa.
Coordinadora del Área Legal, Equis Justicia para las Mujeres A.C.
