En la vida se presentan, muy de cuando en cuando,
ocasiones propicias para poner fin de la manera más razonable, e incluso elegantemente, a situaciones absurdas y nocivas que se han mantenido por inercia.
Si yo fuera amigo o consejero del Presidente de la
República, le habría dicho que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación acerca de la producción y el consumo de mariguana era una estupenda
oportunidad de presentar una iniciativa al Congreso de la Unión para que se
derogaran no sólo los artículos que prohíben el cultivo y la posesión de esa
yerba, sino también los que prohíben su comercialización.
En lugar de eso, el Presidente anunció que su gobierno
convocaría a un debate nacional sobre el tema en el que los expertos deberán exponer los pros y los contras, los alcances y las posibles consecuencias que
traería la legalización.
Sin duda, es plausible que el tema deje de ser tabú y
se acepte que es preciso discutirlo, pero es de advertirse que ese debate ya se
ha venido dando, durante años, en diarios, revistas, libros y foros académicos.
Como lo han sostenido los analistas más lúcidos e
informados, estamos en el peor de los escenarios posibles: la prohibición no ha
logrado en lo más mínimo su proclamado objetivo de abatir la producción, el
tráfico y el consumo de la sustancia prohibida, ni podrá lograrlo, pero, en
cambio, ha sido la causa en nuestro país de al menos 80 mil muertes y 20 mil
desapariciones. El costo es altísimo… a cambio de nada.
Mantener una prohibición absolutamente inoperante, pero
terriblemente perniciosa es, simple y sencillamente, insensato. Derogarla no es
admitir que la mariguana sea buena o que sea aconsejable fumarla, sino quitarle
un negocio a grupos criminales y ubicar el asunto como un tema de derechos
humanos y salud, no de persecución penal.
Por otra parte, nadie ha rebatido el argumento central
del ministro Arturo Zaldívar que sustenta la sentencia de nuestro máximo
tribunal: tenemos que superar el paternalismo prohibicionista que faculta al
Estado a decirnos qué podemos tomar y qué no; una persona adulta tiene derecho
a conducir su vida como le plazca siempre y cuando no dañe a terceros.
Vuelvo a citar a John Stuart Mill, que en su libro
Sobre la libertad, cuya lectura no deberían perderse el Presidente y los
legisladores, señala: “El único propósito en virtud del cual puede ejercerse
legítimamente el poder sobre un miembro de una comunidad civilizada en contra
de su voluntad es impedir que dañe a otros. Su propio bien, sea físico o moral,
no es justificación suficiente”.
Supongamos que la mariguana sea la sustancia más
peligrosa para la salud del universo. Esa sería otra razón, y de mucho peso,
para legalizarla. Mejor que la producción y la distribución sea supervisada por
el gobierno y no controlada por la policía y los grupos criminales.
Pero se sabe que la mariguana es mucho menos dañina que
el tabaco o la comida chatarra, además de que sus propiedades medicinales han
aliviado males, algunos tan agobiantes como ciertas formas de epilepsia muy
agresivas, que no pudieron ser combatidas con los medicamentos que previamente
se prescribieron.
Muchos fumadores de mota están en la cárcel sin haber
pertenecido a ningún grupo criminal ni haber causado daño jamás a otra persona,
pero se les sorprendió con mayor cantidad de la permitida (cinco gramitos). ¿Es
razonable que estén presos, que se les considere criminales? Con la
legalización todos ellos quedarían en libertad. No saldrían de prisión, en
cambio, los capos y los sicarios que en defensa del negocio han cometido
homicidios y otros delitos asimismo muy graves.
Es verdad lo que se ha dicho: la derogación de la
prohibición de las drogas no acabará con el crimen organizado, pues las bandas
criminales no se convertirían en hermanas de la caridad sino se volcarían en
otras actividades criminales lucrativas (que ahora mismo ya realizan): el
secuestro, la extorsión, el robo de automóviles, la trata de personas,
etcétera; pero se les quitaría una de sus principales fuentes de
financiamiento.
Solicito a los organizadores del debate anunciado por
el Presidente que esta nota se considere como mi participación —anticipada— en
tan importante foro.
Luis de la Barreda Solórzano
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinador del
Programa Universitario de Derechos Humanos, UNAM.
Programa Universitario de Derechos Humanos, UNAM.
