A pesar de que la Fepade es una de las instituciones de nuestra transición democrática, estábamos acostumbrados a su ineficacia.
Los únicos delincuentes electorales que hasta ahora han llegado a pisar la cárcel son los migrantes culpables de lo que en el argot llamamos “turismo electoral”; personas que aceptan unos cuantos pesos por cambiar su domicilio para alterar el equilibrio de las fuerzas políticas en pequeños municipios. Por supuesto, sólo se ha condenado a los pobres que no tienen acceso a una defensa justa, nunca se ha consignado al líder partidario u operador político que los indujo al delito.
La reforma político-electoral
de 2014 cambió la forma de selección del fiscal y le otorgó a ésta autonomía
operativa. Desde el nombramiento unánime de Santiago Nieto Castillo, la
institución comenzó a funcionar de manera muy diferente.
El caso de Escobar, sin
lugar a dudas, es el más mediático, pero deberíamos tomar otros en cuenta. Se
ha abatido el rezago de expedientes que dormían el sueño de los justos en las
mesas de los ministerios públicos. Se abrió la averiguación previa relativa a
los tweets de los famosos, incluido El Piojo Herrera. Se consignó ante el juez
el expediente de Javier Jiménez, abogado de Jorge Luis Preciado, acusado de
falsificar documentación electoral para presentarla como prueba en el proceso
de nulidad de la elección a gobernador de Colima. Otro caso importante fue la
detención del director del periódico Zócalo, de Coahuila, acusado, desde 2012,
de publicar encuestas en periodo de veda antes de la elección.
Estamos tan acostumbrados
a la impunidad y a que la procuración de justicia en nuestro país responda a
intereses políticos, que muchos buscan dobles intenciones. ¿A quién está
respondiendo el fiscal cuando solicitó la orden de aprehensión de Escobar? Se
ha cuestionado si esto revela un rompimiento entre el PRI y el PVEM; si de esta
manera se trató de remediar el costo político —ya pagado, por cierto— de su
nombramiento como subsecretario; si el fiscal actuó a espaldas o con
consentimiento de la procuradora.
Esta suspicacia es el
mejor termómetro para medir el grado de desconfianza que tenemos en nuestras
instituciones, especialmente en aquellas encargadas de procurar y administrar
la justicia. La falta de legitimidad de la PGR ha sido ganada a pulso. Son
tantas las ocasiones en las que sus actuaciones han respondido a intereses
políticos del Presidente en turno, que la hipótesis más descabellada es la que
sostiene que el fiscal, simple y llanamente, está cumpliendo con su deber.
Las leyes electorales,
incluida la Ley General en Materia de Delitos Electorales, contienen una serie
de amenazas administrativas y penales que intentan funcionar como contención a
la conducta fraudulenta de los actores electorales. Ante su ineficacia para
generar comportamientos apegados a la legalidad, en cada reforma electoral se
elevan las sanciones.
Hoy tenemos tipificados al menos 64 delitos electorales.
Hasta ahora, los excesos
normativos han sido otra forma de atrofiar a las instituciones y el caso de la
fiscalía no era la excepción. El legislador podía incluir cualquier cosa porque
sólo se pretendía que funcionara como advertencia; sin embargo, cuando empieza
a cumplirse cabalmente la ley, es necesario preguntarnos sobre la pertinencia
de tanto castigo.
No tengo duda de que, en
el caso del delito que se le imputa a Escobar, está justificado que vaya a la
cárcel aquel que destine o reciba aportaciones en dinero o en especie para
favorecer a candidatos o partidos; sin embargo, ¿debemos privar de su libertad
a quien publique encuestas?, ¿no sería suficiente una sanción administrativa?
No cuestiono la actuación del fiscal, por el contrario, la celebro, mi duda
está en la lógica y eficacia de leyes tan punitivas.
María Marván Laborde
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
