Para cumplir con la
implementación del sistema, todas las entidades y la federación deben destinar
7,200 millones de pesos
Aunque muchos lo presentan
como la panacea, el nuevo sistema de juicios orales en realidad presenta problemas que podrían obstaculizar su implementación, como la ausencia de un
Estado suficientemente sólido, una crisis de violencia que hace difícil encontrar
un equilibrio entre seguridad y libertades y falta de capacitación en los
operadores, principalmente de los abogados, consideraron los ponentes del panel
“Hacia la implementación del nuevo sistema de justicia penal en nuestro país”, como parte del XIX Encuentro Internacional de Juristas que organiza el Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), en coincidencia con
la Feria Internacional del Libro.
Pedro Salazar Ugarte,
director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), explicó que una crisis de violencia campea en el
territorio nacional y las estrategias no corresponden a la normalidad de un
Estado constitucional, sino al Estado de excepción, por la militarización del
país. A ello se añade una crisis de impunidad y de derechos humanos. Todo eso
pone en jaque a la implementación del nuevo sistema.
La mesa estuvo moderada
por el exrector de la UdeG, José Trinidad Padilla López y participaron la
ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero
Dávila; el jurista Sergio García Ramírez; el director de Planeación,
Capacitación y Difusión, de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, Jorge Alejandro
Lumbreras, y el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
Pedro Salazar Ugarte.
Entre los retos que
enumeró Salazar, no está la formación de nuevos abogados, sino las generaciones
formadas en el viejo sistema y que se resisten a las nuevas prácticas: “No
podemos seguir con un sistema que, quien hace 20 años obtuvo título de abogado,
siga ejerciendo sin actualizarse. Esa actualización debe ser objetiva,
profesional y periódica y darse por especialidades diferenciadas”.
El jurista Sergio García
Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
exprocurador de la República, criticó la tendencia legislativa de los últimos
años de endurecer las penas, inflándolas en casi todas las conductas,
supuestamente para inhibir la comisión del delito.
“El derecho penal debe ser
mínimo, excepcional y la última ratio de la política social del Estado, para la
protección de los bienes jurídicos, y al mismo tiempo paradójicamente eficaz.
En esa fórmula se juega la posibilidad de contar con instituciones que
garanticen ese equilibrio entre seguridad y libertades”.
Lumbreras, director de
capacitación de la SETEC explicó que los juicios orales están considerados como
política de Estado en todos los instrumentos de planeación del desarrollo del
país. Para consolidarlo realizan acciones de planeación, normatividad, capacitación
y reorganización institucional, implementación de nuevas tecnologías,
infraestructura, difusión, evaluación y seguimiento, así como cooperación
internacional y con la sociedad civil.
“Cambiar el modelo implicó
la reforma de 600 leyes federales y estatales. En cuanto al financiamiento, hay
un fondo de 5 mil millones de pesos y un subsidio de Setec de 900 millones de
pesos. El sistema ya funciona total o parcialmente en 31 entidades y el próximo
15 de diciembre arranca en la que faltaba (Sonora). En cuanto a los recursos se
estima que para cumplir con la obligación constitucional se requieren alrededor
de 7,200 millones de pesos”.
Sánchez Cordero, quien
cuenta con el posgrado en Política Social y Administración, en el University
College of Swansea, Gran Bretaña, concluyó que el sistema acusatorio
adversarial choca con algunos juzgadores y abogados, porque más bien es de
raigambre anglosajona y no forma parte de la tradición mexicana, basada en el
derecho romano, y se mostró crítica para con los juicios orales.
“Hay muchos problemas
todavía, no solamente de estructura, de recursos materiales, de capacitación,
sino de la misma operatividad del nuevo sistema de justicia penal. Muchos
piensan que si bien no resulta la panacea para resolver el tema de la justicia
en el país, están de acuerdo en que es un sistema diferente, un parteaguas en
la historia de nuestro país”.
